La primera sesión del Senado expuso tensiones políticas que fueron más allá de un temario que, en principio, no representaba mayores obstáculos para La Libertad Avanza (LLA). El oficialismo quedó en el centro de cuestionamientos impulsados por la oposición a partir de nuevas revelaciones vinculadas a la estafa $Libra. A esto se sumó la decisión del bloque libertario de no acompañar una declaración promovida por el espacio Justicialista —con respaldo de otras bancadas— en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En ese contexto, el senador Justicialista Martín Soria lanzó duras acusaciones contra el presidente Javier Milei: «Es la mayor estafa realizada a nivel mundial utilizada a través de su cargo», sostuvo, para luego agregar que el mandatario «no es tonto, es un tremendo corrupto».

El legislador rionegrino profundizó sus críticas al afirmar que «la estafa fue planificada, coordinada y ejecutada desde el corazón del poder» y añadió que «los especialistas estiman que la ganancia total de la bandita que conformaron Milei, su hermana (la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei) y otros personajes ronda los 280 millones de dólares».

En la misma línea, remarcó: «La criptoestafa es un modus operandi, una conducta: estamos ante la presencia de un estafador» y completó: «Estafó a los jubilados, a las universidades, a las personas con discapacidad. No para de estafar».

Desde el oficialismo, la respuesta estuvo encabezada por la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien defendió al jefe de Estado y respondió a varias de las mociones de privilegio presentadas. «Nosotros vamos a defender a nuestro presidente que es totalmente inocente», aseguró, y cuestionó el tono del debate: «Parece un acto político en contra del gobierno».

La ex ministra de Seguridad también sostuvo que «la causa fue cerrada en Estados Unidos por falta de delito» y afirmó que la acusación del peronismo «no solamente viola el principio de inocencia, sino que es una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento».

En paralelo, el Senado avanzó con una declaración conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La iniciativa fue aprobada con 49 votos afirmativos, sin rechazos y 20 abstenciones, correspondientes en su totalidad al bloque de LLA.

El proyecto había sido impulsado por el senador Justicialista Eduardo «Wado» De Pedro, quien llamó a construir consensos: «Tratemos de buscar los acuerdos, las cosas que nos unen». Por su parte, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, expresó su acuerdo con la «parte resolutiva» pero planteó diferencias con los «argumentos», lo que derivó en modificaciones aceptadas por el propio De Pedro.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich propuso «consensuar el texto para sacar una unanimidad» con el objetivo de «dar un punto de vista sobre la incidencia del terrorismo de Estado». Sin embargo, el senador Joaquín Benegas Lynch adoptó una postura más controvertida al afirmar: «La verdad histórica está escrita con datos y esa dice que hubo un golpe de Estado como consecuencias de hechos terroristas, por grupos guerrilleros que asesinaron inocentes y esa es la verdad completa».

Tras varias discusiones, se habilitó el tratamiento del proyecto hacia el final de la sesión. Allí, Eduardo «Wado» De Pedro informó que no se había alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo.

Sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la sesión fue conducida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien intentó que, en caso de no aprobarse el proyecto de De Pedro, se sometiera a votación la propuesta alternativa de Patricia Bullrich. Sin embargo, desde el peronismo rechazaron esa posibilidad al señalar que no existía otro expediente en tratamiento. Finalmente, el bloque de LLA —con excepción de Luis Juez— optó por la abstención.

El texto aprobado reafirma el compromiso del Senado con la Memoria, Verdad y Justicia a 50 años del golpe, así como el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia bajo el principio del Nunca Más y la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

En contraste, la propuesta de Patricia Bullrich, que fue incorporada a la versión taquigráfica, planteaba: «El compromiso permanente con la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el sistema democrático en la República Argentina. Asimismo, condena cualquier tipo de violencia y reafirma el consenso democrático plasmado en el concepto del ‘Nunca Más'». A diferencia del texto finalmente aprobado, no incluía referencias a la dictadura ni a los juicios por delitos de lesa humanidad.

En materia de acuerdos, el Senado giró a comisión pliegos vinculados a ascensos militares y designaciones judiciales y diplomáticas. Entre ellos, se destacó la nominación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, una decisión que ya había generado polémica en el pasado.

Durante el debate, la senadora Justicialista Florencia López cuestionó con dureza ese nombramiento: «Es la confirmación del pago de la coima a la senadora por la ley Bases». Además, recordó que durante el tratamiento de esa norma había trascendido que Crexell sería designada en la UNESCO.

«Prácticamente llorando, gritaba que era una operación. Le pedí que no vote, que su voto iba a ser nulo de total nulidad», relató López, quien también afirmó que quien la respaldó en ese momento fue Edgardo Kueider, ex senador detenido en Paraguay con dinero no declarado. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich respondió que la «denuncia (contra Crexell) fue desestimada por inexistencia de delito».

También se habilitó el tratamiento del pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para extender su permanencia como vocal de la Cámara de Casación Penal al alcanzar la edad límite de 75 años.

Por último, el Senado sancionó por unanimidad acuerdos internacionales con Francia y Austria para evitar la doble imposición fiscal y prevenir la evasión, así como un convenio con Italia destinado a combatir la pesca ilegal.