El Gobierno nacional atravesó este miércoles un momento de tensión política tras la filtración de un borrador interno de la reforma educativa que prepara el Poder Ejecutivo. El documento circulaba entre funcionarios y aliados y se difundió desde el propio entorno libertario, pese a que la Casa Rosada buscaba mantenerlo en reserva hasta después del recambio legislativo.

La senadora santafesina Carolina Losada, integrante del Consejo de Mayo, fue la primera en referirse públicamente al episodio. Dijo que la filtración generó malestar dentro del oficialismo y recordó que existía un acuerdo de confidencialidad entre los miembros del organismo.

Tras la difusión, el Gobierno decidió pausar las sesiones del Consejo de Mayo, encargado de redactar la propuesta junto con sectores políticos, sindicales y especialistas.

Los bocetos, a grandes rasgos, plantean la derogación de la Ley Nacional de Educación 26.206 y habilita que cada institución -pública, privada o “de iniciativa social”- defina su propio plan de estudios, calendario escolar, modalidades pedagógicas y criterios de contratación docente. Sin parámetros comunes, el sistema se fragmenta y convierte la educación en un mercado de ofertas desiguales.

En paralelo, se incorpora la educación en el hogar y modelos híbridos. El discurso oficial habla de “libertad educativa”, pero detrás asoma una transferencia de responsabilidades del Estado a las familias. El acceso a una educación de calidad dependería de los recursos de cada hogar y de la capacidad de competir entre instituciones.