Las negociaciones entre el equipo económico y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesan su peor momento. Sucede que el organismo multilateral insiste con adoptar más medidas de austeridad, algo que Sergio Massa y su equipo del palacio de Hacienda no están dispuesto a otorgar. 

Como es sabido, la política fiscal es uno de los temas centrales y que mayor rispidez ocasiona. Los técnicos no aceptan la petición del equipo económico de elevar en el orden del 2,5% del PIB la meta del déficit fiscal para el año. Por el contrario, habían planteado la necesidad de una reducción a 1,6% del desequilibrio primario.

La solución a la cual estarían arribando sería intermedia: mantener el 1,9% estipulado en el acuerdo, a pesar de que la sequía también tuvo impacto en los ingresos fiscales.

El principal argumento de usas desde el Gobierno se refleja en la caída de la recaudación tributaria, afectada por la sequía y su impacto en las exportaciones, además la desaceleración del consumo interno por la dinámica inflacionaria. En el primer semestre del año la recaudación cayó 4,4% interanual (suponiendo una inflación de 7% para junio).

En paralelo,  Argentina viene pidiendo que el país obtenga fondos adicionales. En principio, se estima que el FMI podría llegar a enviar -una vez concluido el acuerdo- unos U$S 2.000 millones – más los reembolsos estipulados.

En este sentido, este miércoles, mediante la decisión administrativa 540/23 se modificó el presupuesto nacional incrementándose los recursos en $ 21.735,0 millones y el gasto total en $ 95.641,9 millones siendo el impacto sobre el resultado financiero negativo en $73.906,6 millones.

En las negociaciones “todos juegan a hacer creer que se creen” comentan en Washington. De hecho, el acuerdo a lograr durará solo hasta diciembre. Es que, en el organismo saben que será necesario “barajar y dar de nuevo” con el nuevo gobierno.

Mientras se espera llegar a un acuerdo, el Gobierno decidió postergar los pagos al FMI por más de U$S 2.500 millones concentrándolos al 31 de julio, según confirmó un portavoz del FMI.