La embestida de Areses contra la dos veces sentenciada concejal del oficialismo Ana Astobiza continúa. Este lunes hubo una reunión de la Comisión de Legislación y reglamente del Concejo Deliberante de San Martín que fue presidida por el vecinalista Roberto Siminián. Allí el francisquista acercó una propuesta para debatir una suspensión a la ex funcionaria de la secretaria de Desarrollo Social.

En el encuentro también estuvieron la ivoskista Cinthia Nikolov y la kirchnerista alineada al oficialismo local Liliana Liberatore. Otro K aliado al gobierno comunal Alejandro Battaglia, estuvo ausente, al igual que los opositores Fernando Moreira y Sergio González.

Areses pidió formalmente a la Comisión que se elabore un expediente para debatir la suspensión de Ana Astobiza a partir de una carta ingresada en el cuerpo hace dos semanas. La misiva fue presentada por el abogado Daniel José Tricarico, con DNI 8.547.028, vecino de Villa Lynch y vinculado políticamente al concejal denunciante. El escrito advierte al cuerpo que la concejal se encuentra en funciones cuando existen dos fallos que la inhabilitan por 10 años para ejercer cargos públicos.

Hace dos semanas, esa carta fue repartida entre los concejales pero a modo de fotocopia. Lo primero que hizo Siminián en la Comisión fue comprobar que el original y la copia eran iguales. Además expresó que desconocía el fallo en segunda instancia de Casación y consideró que el tema debía remitirse al archivo.

Areses manifestó que le parecía "una liviandad"  enviar al archivo un tema tan importante. Retrucó que el Tribunal de Casación no está obligado a comunicar sus fallos al Concejo Deliberante, y que a lo sumo esa responsabilidad le cupo a la involucrada, Astobiza, que no informó sobre el rumbo de la causa.

Los demás ediles presentes respondieron que no pueden responder por las acciones de la concejal si ella decide no poner al tanto al cuerpo sobre su situación.

Durante el encuentro, Nikolov habló poco y Lilberatore expresó que le parecía una vergüenza que hayan condenado a Astobiza por “600 patacones”.

Con estas diferencias, para la sesión de este miércoles habrá un despacho de mayoría y otro de minoría. El primero, el oficialista, recomienda el archivo de la carta y el debate del tema; el segundo, el que presentó Areses, es una moción que señala que no considerar la carta presentada por Tricarico ES INCURRIR EN FALTA GRAVE porque se debiera constituir de modo urgente una Comisión para debatir la posible suspensión de la edil.

Al parecer Areses iniciaría acciones legales por incumplimiento de deberes de funcionario público en el fuero Contencioso Administrativo contra todos los concejales que quieran desestimar la suspensión  y  voten por el despacho de mayoría.

RESUCITANDO VIEJOS FANTASMAS

Uno de los latiguillos del oficialismo para escudar a Astobiza es recordar dos viejos casos de concejales peronistas que fueron procesados. “Acá hay gente que fue procesada y nosotros no pedimos la suspensión”, le dijeron a Areses.

Las referencias son para el concejal Fernando Moreira, del kirchnerismo, que en su época de edil del FREPASO entre 1997 y 2001, votó junto al resto del cuerpo un refinanciamiento de condiciones desiguales para el erario municipal y en favor de la empresa Gualtieri. La causa es una de las más famosas en San Martín.

Otro caso responde a principios de los 90 y al concejal Ricardo Torres, que fue suspendido y expulsado del cuerpo. Estaba procesado por una causa relacionada con la Rambla de Mar del Plata, antes de ser edil y cuando cumplía tareas en el Ministerio de la Producción que comandaba Carlos Brown. Unos años más tarde le llegó el procesamiento y Pablo Landolfi y sus colegas lo echaron de inmediato.

Areses remarcó una diferencia enorme entre Moreira y Torres en comparación con Astobiza. Ambos fueron procesados pero no tuvieron sentencias en aquellos períodos en los que también ocuparon una banca. Además luego fueron absueltos por la Justicia, algo que no ocurrió con la edil ivoskista, ya que cuenta en su haber con dos condenas firmes (la de primera instancia y la de Casación). Ahora está a la espera de un dictamen favorable en la Corte Suprema bonaerense. De hecho, para ambos referentes peronistas, la resolución llegó luego de haber cumplido su mandato.

ALGUNAS PALABRAS DE CASACIÓN

El fallo de segunda instancia en esta causa, del Tribunal de Casación Penal, que la oposición advierte que Astobiza ocultó, tiene casi dos años. Es del 13 de agosto de 2009.

La Noticia Web accedió al expediente y puede resaltar algunas palabras importantes. En el punto 5 de la fundamentación se explica que “respecto de la pena de inhabilitación especial por 10 años –art. 20 bis 1er inc. CP-, debe recordarse que dicha norma establece: ´podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargó público´”.

Dos párrafos más adelante se agrega que “resulta de suma gravedad la circunstancia de que la imputada se desempeñaba controlando la actividad de los comedores escolares a fin de que cumplan con sus fines sociales, como ser paliar las desigualdades que en la alimentación afectan a chicos cadenciados. Con su conducta les quitó la posibilidad de contar con el dinero necesario para cubrir dichas necesidades, además de desacreditar la institución creada por personas que solo tenían la voluntad de ayudar a niños pobres”.

También se dice que “toda vez que su cargo público le implicada una mayor responsabilidad con relación al servicio social que se daba en el jardín en cuestión, entiendo que resulta razonable la pena de inhabilitación especial impuesta”.

Así, el Tribunal de Casación ratificó la suspensión por 10 años, que Astobiza apeló a la Corte Suprema bonaerense pero que hoy es efectiva hasta otro dictamen.

POSTERGACIÓN PARA BUONSANTE

Cambiando de tema, la Comisión de Legislación y Reglamento dejó para próximos encuentros una propuesta del concejal macrista Pedro Buonsante, para cambiar el armado de la Comisión del Código de Ordenamiento Urbano. La iniciativa puede tener gran influencia en la participación vecinal y en el rol del cuerpo deliberativo y el ejecutivo para la discusión de edificios de gran calibre en el distrito.