Con el consenso y acuerdo de las principales bancadas, con 19 votos a favor y 4 en contra, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la ordenanza que regula la actividad de los “cuida coches” en el distrito.

El proyecto estipula “otorgar permisos en determinadas zonas y circunstancias” a personas para que puedan recibir “contribuciones voluntarias” de quienes estacionan vehículos en la vía pública. El proyecto obliga al uso de un chaleco identificatorio, un cartel con nombre, apellido y DNI del “cuida coches”, designación de zonas y horarios puntuales de trabajo, la no tarifación de la oferta de servicio informal, un curso de capacitación dictado por la Municipalidad, que quienes realicen la actividad sean residentes del distrito, y la prohibición de realizar la tarea sin autorización municipal. El debate mostró todo tipo de posturas en el recinto, pero en general primó el ánimo de buscar soluciones al problema.

El concejal radical Jorge Álvarez presentó la ordenanza y dijo que “busca garantizar la seguridad de los vecinos en el espacio público al momento de estacionar su vehículo”, y que se persigue “evitar la práctica extorsiva”. Agregó que se trata de “un problema sin solución en las grandes ciudades del mundo” y resaltó el “esfuerzo de todas las bancadas para enriquecer el proyecto. Tenemos diferencias pero hay buena fe para buscar la excelencia. Enfrentemos este problema para buscar soluciones”.

Por su parte, la concejal Marcela Durrieu pidió que el proyecto retorne a Comisión y que se realicen todas las consultas pertinentes a distintos organismos para evitar correcciones grotescas en el futuro. Ante la negativa, adelantó que votaría por la negativa junto a todo el bloque del Frente Renovador. Lo mismo hizo Federico Gelay.

Durrieu dijo que “en todo el mundo no se pudo solucionar este problema. La situación de los trapitos es muy variada, desde delincuentes que aprovechan la circunstancia hasta trabajadores informales muy bien integrados al barrio y sus vecinos. Tenemos que pensar el problema social que existe detrás de los trapitos”. Y planteó una duda: “Les otorgamos un derecho para que trabajen en lugares donde puede alguna vez llegar el estacionamiento medido. ¿Qué vamos a hacer después?”. Y para cerrar agregó que “los delincuentes no acatan la ley penal y tampoco van a acatar una ordenanza municipal por temor a una sanción administrativa. Hay hechos delictivos aislados pero no estamos en una emergencia”.

Luego tomó la palabra Federico Gelay, que presentó el ejemplo de San Martín, “donde el anterior intendente Ivoskus hizo algo similar a esto. Y ahora con Katopodis se abordó de otra manera el problema, avanzando en el estacionamiento medido con pago por SMS y se ubicó a 222 cuida coches en distintas dependencias municipales. Quizás haya que incorporarlos a la planta municipal con trabajo digno”. Y mencionó “una contradicción con la libre contratación de trabajo. Desde lo público esto es una aberración. Esto puede traer juicios contra el Municipio y los comerciantes”.

Luego habló el representante del PRO Rodrigo Seguín: “No hay certezas sobre la justicia laboral, solo suposiciones. Si hace falta corregiremos esto en el futuro, pero hoy no podemos desoir este reclamo de la sociedad”.

Leandro Martin, de la bancada del PJ-Frente para la Victoria, acusó que el principal problema es “la falta de integración social”. Recordó que el FPV propuso algo similar en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos dudas en esta ordenanza pero es un paso adelante. Debe darse a conocer el régimen y ser ecuánimes, que no se incorpore gente que sea afín a la gestión municipal. Este proyecto es perfectible y tendrá correcciones en el futuro”, expresó.

Martín Lutufyan habló en representación de los vecinalistas de ConVocación x San Isidro y lanzó el diagnóstico del “fracaso de la cultura del derecho ciudadano”. “Y un fracaso del estado en hacer cumplir una antigua ordenanza. Hay que destacar que el bloque oficialista abrió la discusión y permitió el debate”.