Mientras la disputa por el financiamiento universitario sigue sin resolverse, el Gobierno nacional y los rectores avanzan en negociaciones para intentar destrabar el conflicto que ya escaló tanto en el plano político como judicial. Desde ambas partes reconocen que existe voluntad de diálogo, aunque todavía persisten diferencias importantes sobre los montos y condiciones.

Según trascendió, representantes del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) analizan reunirse esta semana —posiblemente entre miércoles y jueves— con el objetivo de acercar posiciones y encaminar una salida en el corto plazo. En el oficialismo señalan que hay margen para un entendimiento, aunque admiten que aún no hay definiciones cerradas.

Las conversaciones están encabezadas por los rectores del CIN, con Franco Bartolacci —titular de la Universidad Nacional de Rosario— como principal interlocutor, y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Entre los negociadores también participa Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Además, siguen de cerca las tratativas Diego Santilli, Sebastián Amerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Desde los dos lados coinciden en el diagnóstico: “Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”. Otra fuente involucrada reforzó esa idea al señalar que “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la distancia entre lo que reclaman las universidades y lo que el Gobierno está dispuesto a conceder. “Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, explicaron desde el oficialismo, con la expectativa de avanzar antes del fin de semana.

El conflicto tuvo su correlato en las calles y en las aulas. La semana pasada se registraron paros docentes y tomas en colegios preuniversitarios dependientes de la UBA, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Las medidas, que luego fueron suspendidas, se enmarcaron en el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar mensualmente los fondos según la inflación, lo que impacta directamente en los salarios docentes y no docentes, además de reforzar partidas para becas y funcionamiento. En esencia, obliga a recomponer el presupuesto tomando en cuenta la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

Mientras se desarrollan estas negociaciones, la disputa también se dirime en la Justicia. El caso llegó a la Corte Suprema, que aún no tiene plazos para expedirse. En ese contexto, los rectores mantienen abiertas las vías de diálogo ante un escenario financiero cada vez más complejo.

Desde el ámbito universitario advierten sobre el deterioro progresivo del sistema. “Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, alertaron en un documento difundido por la UBA.

El origen del conflicto se remonta a la sanción de la ley en el Congreso en agosto del año pasado. Aunque el Gobierno la vetó inicialmente, el Parlamento insistió y logró ponerla en vigencia. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que no puede aplicarla por falta de recursos presupuestarios.

Las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, que ordenaban actualizar salarios y partidas. No obstante, esas decisiones quedaron en suspenso tras la intervención de la Corte Suprema, luego de un recurso presentado por el Gobierno.

En instancias previas de negociación, el oficialismo propuso reconocer la pérdida salarial solo desde 2025, en lugar de 2023 como establece la ley. Esa oferta fue rechazada tanto por los rectores como por los gremios.

El reclamo tuvo una fuerte expresión en las calles el pasado 12 de mayo, cuando unas 120.000 personas participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo. La movilización exigió la implementación de la ley y una recomposición salarial, tras una caída estimada del 35% en el poder adquisitivo de docentes y no docentes desde 2023.

Además, las universidades denuncian una reducción acumulada del 45,6% en términos reales en las transferencias destinadas al sistema, lo que califican como “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”.