Y esto se debe fundamentalmente a dos circunstancias: la primera de ellas se vincula con la brutal presión tributaria a la que se ve sometido dicho sector como consecuencia particularmente del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Consumo o al Valor Agregado (IVA) que abonan como consumidores finales. Sólo entre esos dos impuestos nacionales, un trabajador con un ingreso medio debe ceder al fisco alrededor del 40% del total recibido. Y si consideramos el resto de los impuestos directos e indirectos tanto de orden nacional como provincial y municipal, el trabajador termina resignando hasta la mitad de su ingreso.

Asimismo, el incremento del mínimo no imponible en un 20%, al no reconocer el proceso inflacionario del año anterior –que se estima en un 25,20%-, resulta totalmente nulo o deficitario: una mejora salarial de entre un 25 y un 30% sólo implicaría una mayor cantidad de trabajadores contribuyendo y un mayor nivel de retención para los que ya lo estaban haciendo.

A ello debemos agregarle que este contexto inflacionario –aún negado por el discurso oficial-, en conjunto con otros factores como la falta de inversión, la desconfianza y la inseguridad jurídica, producen desde hace más de un año la destrucción de empleos.

Por lo tanto, existe una confrontación entre el salario percibido por el trabajador medio y la desesperada captación de fondos públicos por parte de un Estado voraz, que de este modo se beneficia con una mayor recaudación y con menores valores en sus obligaciones.

Por el contrario, si comparamos esta situación con la del resto de la región, nuestros países hermanos controlan sus procesos inflacionarios con resultados positivos: en Brasil la inflación es de un 5%; en Uruguay, 7%; en Paraguay, 4%; y en Chile, 1%.

El caso de Brasil es paradigmático en este sentido, ya que con el fin de incrementar la actividad económica ha bajado significativamente los impuestos al sector productivo y ha reducido los impuestos al consumo popular. En el camino opuesto, la Argentina aumenta cada vez más los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, las cuales afectan directamente a los sectores productivos y laborales medios.

En definitiva, lejos de profundizar esta confrontación, debemos exigir un Estado eficiente, que se encamine hacia una política estratégica de mediano y largo plazo, con plena conciencia de nuestra realidad económica local, regional y mundial.