Sal Lari fue restituido el año pasado luego de sortear el Jury de enjuiciamento que analizó su desempeño en más de una decena de causas cuestionadas.

Esta vez, Sal Lari otorgó la eximición de prisión de 5 sospechadas de maltratar niños en el Jardín de Infantes Tribilín de San Isidro. No llegó a tratar el pedido de detención del fiscal, quien imputa a las docentes por el delito de "abandono de persona agravado".

El año pasado, el magistrado había sido restituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense luego de que no prosperaran las acusaciones en su contra en el marco del juicio político que se le había iniciado por presunto mal desempeño de sus funciones. El final del juicio político era esperado, ya que el proceso había tomado un camino sin retorno tras la decisión de la Comisión Bicameral de no acusar al juez, y luego de que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y familiares de víctimas de la inseguridad resolvieran no constituirse en acusadores tras la negativa del Jury de reconsiderar los 11 casos por los que inicialmente se pretendió enjuiciar al magistrado.

En consecuencia, Posse y los familiares de las víctimas decidieron no ser querellantes por el único caso en el que el Jury les permitía serlo: el de Jorge Luis González. Sal Lari era acusado de no haber efectivizado, tras siete meses, la excarcelación concedida en 2005 al imputado González, a quien la sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva. El equipo de abogados de Posse consideró que la negativa de ser acusadores se basó en la imposibilidad de aportar pruebas y elementos propios en el proceso.

"Creemos que es un día triste para la República. Hoy el título no es que fue absuelto, hoy el título es que no fueron tratados los casos del juez Sal Lari. No fue absuelto porque no se trataron las causas", dijo el jefe comunal de San Isidro, tras conocerse la decisión del jury en aquel entonces.

ANTECEDENTES

El juez recupera presencia mediática con el caso del Jardín Tribilín, pero tiene una extensa lista de casos donde su trabajo fue cuestionado. La primera de ellas es la libertad de un delincuente que, pese a que cumplía arresto domiciliario impuesto por un tribunal de La Matanza, robó a una pareja. La segunda fue no dar lugar a un pedido de exclusión del hogar de un padre acusado de abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo desde que la niña tenía seis años. La tercer causa fue haber concedido un allanamiento en un caso de venta de estupefacientes tres días después de haber sido solicitado por la fiscalía. El juez alegó que había autorizado el operativo el mismo día que le fue solicitado (un viernes) pero que se concretó el lunes siguiente porque no autorizó a que se hiciera de noche.

Finalmente, el cuarto expediente fue por haber demorado siete meses la libertad de un detenido, dispuesta por la Cámara de San Isidro y después de un reclamo presentado por el mismo recluso.

El jury se inició a partir de once acusaciones. La más conocida de ellas es la que impulsaba con el patrocinio del intendente de San Isidro Gustavo Posse, y la familia del ingeniero Carlos Regis, asesinado en 2008. Uno de los asesinos había sido excarcelado por el juez meses antes, en una causa por portación ilegal de armas.