A pocos días del debate por la reforma laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló sobre una versión que venía circulando en voz baja dentro del peronismo: denunció que existen «amenazas» y presiones directas para que diputados y senadores del peronismo no acompañen la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

«Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido», afirmó Sáenz en declaraciones a TN.

El mandatario salteño explicó que el mecanismo de disciplinamiento sería claro: si los legisladores no se alinean con el rechazo al proyecto, la conducción nacional del PJ avanzaría con intervenciones en los partidos provinciales, con los antecedentes recientes en Salta, Misiones y Jujuy.

Para Sáenz, no se trata de una hipótesis sino de hechos comprobables. Recordó que esas intervenciones ya se utilizaron como castigo político y advirtió sobre su impacto real en las provincias. En ese marco, remarcó que el control del sello partidario es una herramienta central de poder dentro del peronismo territorial. «Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores», sostuvo.

En provincias donde el PJ sigue siendo la estructura dominante, perder el partido implica resignar armado político, financiamiento y capacidad de competir, quedando expuesto frente a internas o rivales locales.

Sáenz buscó marcar una posición intermedia. «Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen«, señaló, diferenciándose tanto del rechazo cerrado que impulsa el kirchnerismo como de un respaldo incondicional al Gobierno.