El secretario de Economía y Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti, participó esta mañana en representación del municipio en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional con el objetivo de tratar un nuevo aumento en las tarifas de agua.

En su exposición, Feletti lamentó que no estuvieran presentes las autoridades de Asuntos Hídricos ni de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), a lo que añadió que “el salón está vacío, la audiencia no se transmite en vivo y el país está parado”, razón por la cual, consideró, “debió haberse suspendido la audiencia para otro día ya que hay una suerte de vicio de legitimidad sobre la misma”.

Seguidamente, el funcionario desgranó una serie de argumentos para fundamentar la oposición de la intendenta Verónica Magario y de su gestión al nuevo incremento que se pretende implementar.

En primer lugar, observó, “la empresa debió haber informado sobre el impacto del aumento del año pasado en su balance”. Es decir, “cómo ese tarifazo afectó la recaudación, cómo incidió en sus costos y cuál fe el equilibrio que alcanzó a partir del mismo”. En ese sentido, remarcó que “debemos tener presente que los datos disponibles indican un fuerte aumento de la morosidad”, hecho por el cual “no deberían plantear ahora un nuevo incremento de tarifas”.

En segundo término, Feletti se quejó por lo que consideró “una absoluta de falta de transparencia, igual a la que vimos en el caso del gas”. Al respecto, explicó que “así como no sabemos cuánto es el costo del metro cúbico de gas extraído en boca de pozo, tampoco sabemos cuánto es el costo del metro cúbico de agua extraído en la planta potabilizadora”, lo que le permitió aseverar que “las pretensiones de transparencia son bastante dudosas”.

El tercer aspecto al que se refirió fue la intención de desarrollar un plan de inversiones a costa de la tarifa. Sobre esta cuestión, subrayó que “pasa en muy pocos lugares del mundo y afecta directamente a los usuarios”. Por eso, se preguntó, “¿cuánto de esta tarifa va a generar un plan de inversiones?” para responder que “difícilmente se extienda una red cloacal y de agua corriente solo en base al precio de la tarifa”.

“Eso tampoco fue informado por el representante de AySA”, lamentó el secretario para luego pedir “que se vayan teniendo en cuenta estas cosas a los efectos de cancelar el aumento de tarifas y hacer otra audiencia pública, con las autoridades y con las explicaciones correspondientes”.

Siguiendo con su discurso, el ex diputado nacional resaltó que “tampoco se informó cuánto es el impacto sobre el balance de AySA del aumento tarifario experimentado el año pasado en relación a sus gastos de operación y mantenimiento y por qué es necesario un nuevo incremento”. En esa dirección, enfatizó que “estamos hablando de un aumento que va a recaer sobre todos los usuarios del área metropolitana y nos falta esta información que debió habernos dado AySA”, porque “fueron ellos quienes argumentaron desde el balance contable, obviando cuestiones como el interés social y centrándose solo en la necesidad de cerrar cuentas”. Sin embargo, evaluó Feletti, “tampoco se informó como pretenden cerrar las cuentas”.

En relación a este último ítem, el economista opinó que “cuando se empieza a hablar de que las empresas públicas tienen déficit y tiene que cerrarse por la vía de las tarifas estamos en un problema, ya hemos vivido esta experiencia”. Por el contrario, enfatizó, “la expansión de las inversiones siempre se hizo con déficit y propendiendo al consumo sobre la base de distintos mecanismos de accesibilidad a través de las tarifas”.

Finalmente, Feletti planteó una pregunta atinente al caso específico de La Matanza cuando destacó que “vamos a ir a un cargo fijo de 87 pesos, pero muchos de los beneficiarios del plan Agua más Trabajo que han accedido al agua potable a través del sistema de pozo – se trata de zonas vulnerables al suroeste del eje González Catán/Laferrere- están pagando un cargo de 15 pesos”. Entonces, quiso saber, “esos usuarios ¿van a estar alcanzados por este cargo de 87 pesos? ¿Vamos a impactarlos con 87 pesos, lo que sumados a los 15 llevaría el importe a 120 pesos?”.

Acto seguido, denunció que “esta es una pregunta que nadie le ha podido responder a la intendenta Verónica Magario” y enfatizó que “tengo la obligación de decir aquí que vamos a ir a la Justicia si eso pasa, para impedir que los barrios vulnerables sean alcanzados por este cargo al que tampoco sabemos cómo se llega, porque pagan lo mismo 30 m2 que 300 m2”, en lo que definió como un esquema “absolutamente regresivo”.