En medio de una creciente tensión interna en el Gobierno por la puesta en marcha del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) el mes pasado, el director del Indec, Marco Lavagna, renunció hoy a su cargo, según adelantaron fuentes oficiales.

“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto. Cuando tengamos más información, les haremos saber por esta vía. Muchas gracias”, afirmaron en el grupo de WhatsApp que tiene el Indec con periodistas, luego de que este medio diera la primicia sobre la intempestiva salida.

La salida de Lavagna tuvo que ver con la actualización del IPC, un dato híper sensible para el oficialismo. A eso se suman, dijeron en la Casa Rosada, algunos roces con el ministro de Economía, Luis Caputo. La misma fuente criticó la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para encarar la salida del nuevo IPC, hecho que todavía es una incógnita tras el portazo de Lavagna.

También se da en medio de adelantos de jubilación o técnicos que buscan nuevos trabajos en el sector privado -algunos jefes incluso publicaron que buscaban trabajo en LinkedIn- “por la falta de actualización salarial y la precariedad laboral diaria”. Lo cierto es que, hasta el momento, Lavagna no dio su versión oficial.

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido en el instituto el 30 de diciembre de 2019 con el aval del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Lavagna, que en su momento había sido multado por el exsecretario de comercio Interior, Guillermo Moreno, por publicar en la consultora que dirigía (Ecolatina) datos de inflación distintos al que difundía el intervenido Indec, tuvo una gestión que fue continuidad de la normalización de las estadísticas que comenzó Jorge Todesca cuando asumió en el organismo en tiempos de Mauricio Macri.

Esto implica que sostuvo la transparencia del organismo luego de una década del apagón estadístico que había comenzado en enero de 2007 con la intervención de Moreno y su “patota”. El exsecretario de Comercio Interior, con aval de Néstor y Cristina Kirchner, había falseado los datos de inflación, pobreza y crecimiento, entre muchos otros, además de perseguir y desplazar técnicos. Todesca, junto a Graciela Bevacqua (una de las desplazadas por Moreno) habían trabajado en la normalización de todos los indicadores. Fue un trabajo que mantuvo Lavagna.

Entre sus hitos dentro del Indec, estuvo la realización del censo 2022, que tuvo algunos errores, según reconoció el propio Lavagna entonces. En ese momento, el economista peronista había contado que los resultados no se publicaron a tiempo porque un número significativo de planillas “no cumplen los estándares de calidad suficientes”.

“Nos llama poderosamente la atención. Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderaciones -o actualización- de la EnGho (Encuesta de Gastos) 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un Indec independiente del poder político”, dijo Raúl Llaneza, delegado de ATE Indec.

La renovación del IPC

Durante todo el año pasado, Lavagna había sido criticado -sobre todo desde el kirchnerismo- por el atraso en la actualización del índice de precios al consumidor. Sus detractores afirmaban que -por órdenes políticas- lo había “pateado” para luego de las elecciones de 2025.

Sin embargo, una vez conocido el cierre de la inflación oficial del año pasado, la comparación entre el indicador del Indec y el de la Ciudad de Buenos Aires (ya actualizado y donde los servicios pesas más que los bienes) mostraron una diferencia mínima entre ambos. El IPC nacional dio 31,5% a fines de diciembre, mientras que el porteño, 31,8%.

Desde este mes, Lavagna había puesto en marcha el nuevo IPC, que incluye cuatro cambios significativos. Un primer punto, por caso, será la adopción de la clasificación Coicop 2018 (ONU, 2023) conforme a las recomendaciones internacionales. Esto implica que, con ese clasificador, el índice de precios utiliza 13 divisiones –se agrega “Seguros y servicios financieros”, que estaban comprendidos en la división “Bienes y servicios varios”-, en lugar de las 12 divisiones del vigente.

Además, se aplica el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (EnGho) 2017-18 para la elaboración de los ponderadores, y la selección de bienes y servicios. Se trata de un avance importante para representar de la manera más fiel posible el impacto de los aumentos de los precios en los principales consumos que hacen los hogares de los argentinos.

En tercer lugar, se aplica una actualización de los períodos de referencia de ponderadores, de índices y de precios, y la modificación del cálculo de los índices, tanto en la fórmula como en la forma de agregación, contaron las fuentes del organismo ante la consulta de este medio.

El relevamiento de precios se realiza, en su mayoría, de forma digital, en tablets, que contienen los cuestionarios adaptados a cada tipo de negocio de venta. La cobertura geográfica del relevamiento abarca la observación de los precios en 39 aglomerados y localidades, lo que implica que se amplía la muestra de recolección a unos 500.000 precios mensuales distribuidos en más de 24.500 puntos de venta.

Pero más allá del nuevo IPC, por las bajas actualizaciones salariales en el sector público y también dentro del organismo, directores de áreas importantes, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), adelantaron el año pasado sus jubilaciones. Fue una situación que sufrió hasta la dirección técnica del organismo, lo que llevó a que sus mejores hombres y mujeres busquen trabajos afuera.

“Seguimos exigiendo un organismo estadístico nacional independiente del gobierno de turno, con salarios dignos, carrera administrativa y convenio propio que jerarquice nuestro trabajo. Todo el personal en planta permanente. Que todos los cargos de conducción sean concursados”, habían pedido los trabajadores del Indec el año pasado.

Vale recordar: la irregularidad laboral en el instituto técnico fue uno de los motivos que, según el informe que hicieron varias universidades públicas sobre la intervención kirchnerista en el instituto estadístico, garantizó la posibilidad de que Moreno –con aval de Néstor y Cristina Kirchner- desmantelara el organismo y falseara las estadísticas públicas durante casi una década.