La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales dio impulso a la reforma laboral que el presidente Javier Milei pretende implementar en el Congreso. El nuevo marco legal busca que los empleos registrados se asemejen lo más posible a las condiciones actuales del trabajo informal, promoviendo una supuesta “libre negociación” entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, detrás de ese discurso, la iniciativa implica un retroceso respecto de los derechos adquiridos, tanto para quienes hoy tienen empleo formal como para quienes se incorporen al mercado laboral en adelante.

La informalidad laboral sigue siendo una de las mayores problemáticas del sistema argentino. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de empleo informal alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a que cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan fuera del marco legal laboral, impositivo o previsional. Este índice creció 1,6 puntos porcentuales en un año y es el más alto desde 2008, salvo por el pico registrado en el segundo trimestre de 2022.

A diferencia de las estrategias tradicionales —que buscan incorporar a los trabajadores al empleo formal bajo relación de dependencia, garantizando derechos como paritarias, aguinaldo, vacaciones y protección ante el despido—, el plan de Milei apunta a “blanquear” la informalidad mediante el régimen de monotributo. En la práctica, esto significaría que un trabajador se consideraría formalizado si emite una factura mensual, en lugar de recibir un recibo de sueldo.

El Gobierno celebraría entonces una reducción en los niveles de informalidad, pero en realidad consolidaría la precariedad. En especial, en las microempresas, donde los empleados quedarían sin respaldo legal para reclamar derechos laborales. Además, los trabajadores actualmente registrados en empresas de hasta cinco empleados podrían ser despedidos y recontratados como prestadores independientes.

La iniciativa incluye beneficios también para las compañías más grandes: se reducirían las sanciones a quienes mantengan personal no registrado, ya que dejarían de estar obligadas a pagar la indemnización agravada establecida por la ley actual.

La trampa detrás del argumento de la informalidad

El Gobierno utiliza el alto nivel de empleo informal —que se profundizó durante la gestión de Milei— como justificación para sostener que la legislación vigente impide registrar trabajadores. Pero en realidad, las empresas no dejan de contratar por culpa del marco normativo, sino por la crisis económica que limita su capacidad. Las leyes no asfixian al sector privado; lo hace la recesión.

Un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) advierte que los mercados laborales más flexibles no generan más empleo, sino relaciones inestables, de corta duración y con alta rotación, lo que aumenta la inseguridad laboral.

“El mercado laboral en nuestro país acarrea serios inconvenientes y precisa de transformaciones urgentes. Sin embargo, los contenidos de la reforma no permitirán solucionar los problemas. Ni tampoco modernizan el marco normativo, sino que lo retrotraen a situaciones previas (de los ’90, de los ’70 y, en algunos casos, de comienzos del siglo XX)”, señala el documento. Y agrega: “Un mundo del trabajo con menos derechos no le abre la puerta a los informales para que entren. Es un mundo que diluye los límites entre la formalidad y la informalidad, y que va a provocar que el sector formal se parezca cada vez al informal”.

El nuevo modelo de “formalidad” que impulsa Milei

Aunque aún no se conocen los textos definitivos, las propuestas de La Libertad Avanza repiten viejos proyectos. Una de las más polémicas elimina las multas por trabajo no registrado, lo que paradójicamente podría incrementar los juicios laborales, ya que la Justicia tendría que ordenar el pago total de los salarios no declarados. La medida se inspira en el esquema previo a 1991.

Otro cambio propuesto es la extensión del período de prueba —sin indemnización por despido— de tres a seis meses, lo que fomentaría la alta rotación en sectores con presencia juvenil. Esa idea retoma lo establecido en la reforma laboral del año 2000.

También se propone que, mediante acuerdos colectivos, los sectores puedan reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, modelo inspirado en la industria de la construcción de 1967. Este sistema implicaría mayores costos fijos y la creación de cajas administradoras de recursos, sin control estatal directo.

Además, se busca permitir que empresas no usuarias —como las tercerizadas— registren contratos laborales en lugar de las empresas usuarias, reduciendo su responsabilidad. Con ello, se alentaría la tercerización, incluso la de tipo fraudulento, una práctica con antecedentes en 1976.

Bajo el discurso del “emprendedurismo”, la reforma introduce la figura del trabajador independiente con colaboradores, donde un autónomo puede contratar hasta cinco personas también independientes. Así, se institucionalizaría la precarización laboral en microempresas, replicando esquemas anteriores a las leyes laborales del siglo XX.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó cómo se definirían los aumentos salariales: “Necesitamos encontrar, en cada actividad, elementos objetivos que muestren la eficiencia de cada trabajador. Se necesita un salario que se incremente de manera dinámica, que haya un incremento salarial que permita beneficiar en una porción al trabajador que le pone más entusiasmo, e incrementarlo mucho más al que da todo de sí por distintas razones”. En síntesis, propone sueldos por productividad sin parámetros claros ni garantías de equidad.

Impulsado por su reciente triunfo electoral, Milei avanza con la idea de legalizar las condiciones laborales que ya predominan en el universo informal, un ámbito en el que muchos jóvenes —núcleo central de su electorado— se desempeñan desde hace tiempo.