Durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei, ingresaron al Congreso distintas iniciativas que buscaban declarar imprescriptibles los delitos vinculados a la corrupción. Hubo una propuesta de diputados de la Coalición Cívica, otra impulsada por la mayoría del bloque radical y una tercera presentada por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). Todas terminaron con el mismo destino: no registraron avances. No pasaron por debate en comisión ni fueron incluidas en los órdenes del día.

Ese estancamiento contrasta con el impulso que ahora muestra el Gobierno, que prepara el envío de su propia reforma del Código Penal, en la que uno de los puntos centrales sería justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El nuevo texto fue elaborado por un equipo mixto compuesto por juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los tres proyectos presentados en 2024, que intentaban avanzar en la línea que hoy retoma el Gobierno, perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre luego de pasar dos años sin tratamiento. Habían sido enviados a la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por el libertario Nicolás Mayoraz— y a Legislación Penal, conducida por la bullrichista Laura Rodríguez Machado, actualmente dentro del bloque oficialista.

Pese al renovado interés del Ejecutivo, ninguna de esas comisiones promovió el debate sobre las iniciativas en cuestión.

En el sistema argentino, los delitos de corrupción sí prescriben, y los plazos —atados a la pena prevista en cada figura penal— van de los dos a los veinte años. La prescripción se sustenta en el principio del juzgamiento dentro de un “plazo razonable”.

Las propuestas que quedaron paralizadas compartían un mismo propósito: que las conductas más graves asociadas a la corrupción estatal puedan investigarse y sancionarse sin límite temporal. Todas sugerían incorporar un artículo nuevo —en general, el 62 bis— que volviera imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

En sus fundamentos, los proyectos coincidían en la tesis principal: sostenían que la corrupción no constituye un simple delito patrimonial sino un “flagelo” que deteriora la legitimidad estatal. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de violaciones severas a los derechos humanos, dado que desvían recursos esenciales y comprometen el desarrollo social.

En particular, la UCR y Bianchetti acudían a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública con un atentado al sistema democrático.

Blindaje contra el perdón político
Además de la imprescriptibilidad, algunas iniciativas buscaban evitar que los delitos de corrupción, aun con condena firme, pudieran ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici —entonces todavía dentro de Pro— planteaba declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue esos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una iniciativa casi idéntica.

Ambos textos también se apoyaban en el artículo 36 de la Constitución, que fija el mayor reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, vedaría la posibilidad de indultos o conmutaciones, de manera similar a lo que ocurre con los actos de fuerza contra el orden institucional.

Ninguna de esas propuestas prosperó. La de la CC, presentada en 2024, ya caducó. La de Giudici y otros diputados de Pro —hoy mayoritariamente alineados con la bancada de Milei en Diputados— aún tiene un año más de vigencia, pero tampoco fue discutida. Todas terminaron en Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.

A pesar de que la corrupción fue un tema central en la agenda pública durante los primeros dos años de la administración de Milei —con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actuales—, ninguna de estas iniciativas llegó al recinto. Paradójicamente, prescribieron.