Javier Milei tuvo que renunciar a 42 de los 58 artículos que formaban parte de su propuesta inicial de reforma laboral enviada al Congreso. Tras la aprobación de la Ley Bases con algunas reducciones, el Gobierno ha comenzado a trabajar con sus aliados legislativos de Pro y la UCR para avanzar en ciertos capítulos que quedaron fuera y que se centran en modificar el modelo sindical, especialmente en lo relacionado con la recaudación y la democracia interna de las organizaciones.

La intención del oficialismo y de sus aliados en la oposición es promover rápidamente el debate en la comisión de Legislación del Trabajo sobre proyectos que buscan limitar los mandatos sindicales y eliminar la “cuota solidaria”. Este último es un descuento salarial obligatorio para todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, establecido en los convenios colectivos y que constituye una de las principales fuentes de financiamiento de los sindicatos. Ambas iniciativas enfrentan una fuerte resistencia por parte de la CGT y las dos ramas de la CTA, que ven amenazados su poder económico y su capacidad de representación como nunca antes. Estos dos puntos estaban incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, actualmente suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión estratégica de Legislación del Trabajo en Diputados está encabezada por el radical Martín Tetaz, quien es autor de uno de los proyectos para limitar los mandatos de los sindicalistas. Tetaz declaró que, después del receso invernal de los legisladores, buscarán primero obtener dictamen para establecer un régimen alternativo de jornada laboral y luego abordarán «la democracia sindical».

En cuanto a la jornada laboral, hay varios proyectos en competencia. Los del kirchnerismo y la izquierda proponen reducir las 48 horas semanales actuales sin disminuir la remuneración. Por otro lado, Tetaz impulsa una opción intermedia que sugiere un régimen optativo, permitiendo la posibilidad de reducir las horas diarias y aumentar los días de trabajo, o incrementar las horas diarias y reducir el número de jornadas laborales.

El debate sobre la jornada laboral no cuenta con el apoyo del Gobierno, pero podría recibir luz verde, ya que se considera clave para que las otras dos iniciativas que afectan a los sindicatos avancen. Julio Cordero, el actual secretario de Trabajo, dejó clara la postura oficial hace unos meses cuando asistió a la comisión en representación de la Unión Industrial Argentina.

«¿Limitar la jornada para trabajar menos, para qué? ¿Está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se ha debatido internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT [Organización Internacional del Trabajo] es de 8 horas diarias o 48 horas semanales«, planteó el abogado histórico del Grupo Techint, que actualmente dirige la cartera laboral.

En este contexto, Cordero se reunirá el martes con la cúpula de la CGT en un encuentro cara a cara. El funcionario intentará distanciar al Gobierno de los proyectos de ley promovidos por la UCR y Pro que buscan modificar la ley de Asociaciones Sindicales, con el fin de no entorpecer el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario del área laboral ya ha adelantado públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, la entidad que supervisa todos los aspectos relacionados con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno planea traducir “en el futuro” las modificaciones del modelo sindical en proyectos de ley, con el objetivo de limitar los mandatos sindicales y garantizar la alternancia. También prometió iniciativas legislativas para revisar la «cuota solidaria» y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y, si no se establecen nuevos convenios, el actual sigue vigente. Aquino no descartó impulsar una iniciativa para que las empresas no estén obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados, lo que sería un duro golpe para la recaudación de los sindicatos.

“A veces las entidades gremiales superan como factor de poder al sector empresario. Por lo cual, es esencial la libertad y la democracia sindical. Critiqué públicamente el modelo sindical. Debe ser libre y democrática la cuota solidaria en un registro especial. La cuota solidaria no debería ser obligatoria ni el empresario actuar como agente de retención”, dijo Aquino en una entrevista radial. En la misma conversación, el funcionario, que fue abogado del Sindicato del Seguro y tiene numerosas publicaciones críticas de la legislación laboral, dio luz verde para que las paritarias se negocien por empresa en lugar de por actividad y abrió la puerta para que sea la Justicia electoral la que controle las elecciones sindicales, en lugar de la dirección que él encabeza en la Secretaría de Trabajo.

Durante la negociación de la Ley Bases, el Gobierno y sus aliados de Pro y la UCR encontraron un obstáculo inesperado al intentar incluir el artículo que eliminaba la obligatoriedad de la «cuota solidaria«. Impulsada por el radical Rodrigo de Loredo, la propuesta fue rechazada por el bloque de Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto. El exsenador kirchnerista y excompañero de fórmula de Mauricio Macri alertó a la CGT con un llamado y bloqueó la inclusión de la iniciativa en el texto final. Argumentó que era necesario posponer la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria y del concepto de ultraactividad para no complicar la sanción de la Ley Bases. Ahora, ese debate parece inevitable para el oficialismo y sus aliados de Pro y el radicalismo.

El Gobierno convocó a dos encuentros esta semana con la CGT para intentar reactivar el diálogo que se había interrumpido tras los paros generales del 24 de enero y el 9 de mayo, en protesta contra la política de ajuste y desregulación económica y social de Javier Milei. El objetivo de ambos encuentros es avanzar en la agenda del Pacto de Mayo, que incluye una profundización de la reforma laboral aprobada en la Ley Bases.

Según confirmó Cordero, la primera reunión será el martes a las 13 en la sede de la cartera laboral, a solicitud de la central sindical. Esto precede a la convocatoria del Gobierno a una reunión tripartita entre Gobierno, empresarios y sindicatos para definir el nuevo salario mínimo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Desde la Casa Rosada se indicó que la reunión del martes responde a un pedido del triunvirato de la CGT como «primer encuentro del Diálogo Social«, enfocándose en reconstruir el vínculo tras los paros y protestas contra el DNU70/23.

Con el DNU aún vigente después de 5 meses y con sus principales disposiciones excluidas en la Ley Bases, el Gobierno ahora busca un acercamiento con la CGT para su participación en el Consejo de Mayo.

Javier Milei tiene previsto crear este consejo mediante un DNU este martes, conformado por representantes del Ejecutivo, gobernadores, legisladores, cámaras empresariales y la CGT.

El viernes pasado, la Secretaría de Trabajo convocó oficialmente a los secretarios generales de la CGT para el martes 16 de julio, con una agenda abierta en el marco del Consejo de Mayo, buscando fortalecer el diálogo tripartito entre gremios, empresarios y el Gobierno.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, comenzará el martes con reuniones con empresarios, comenzando con la Asociación de Electrotécnica Argentina (AEA).

En cuanto al representante del Ejecutivo en el Consejo de Mayo, se menciona a Francos como posible designado por Milei, aunque también se considera a Karina Milei, secretaria General de Presidencia.

El Gobierno aclaró que solo designará al representante del Ejecutivo, mientras que los demás sectores elegirán a los suyos internamente, incluidos gobernadores, legisladores, empresarios y sindicatos.

La CGT llega a esta reunión con un documento propio sobre reforma laboral y social, desarrollado en consulta con sectores legislativos del peronismo, que han expresado oposición a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.