La iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado creó un Fondo de Asistencia Laboral y estableció una baja equivalente en las contribuciones patronales. El esquema trasladó recursos desde la Seguridad Social hacia un sistema destinado a cubrir indemnizaciones.
El Senado dio luz verde a una reforma laboral que modificó el esquema de financiamiento de los despidos. El punto central fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que obligó a las empresas a constituir un fondo mensual para afrontar indemnizaciones y otras compensaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.
El artículo 58 del proyecto fijó el alcance del nuevo instrumento. El FAL quedará destinado a cubrir obligaciones derivadas de despidos, preavisos e integraciones, entre otros conceptos. La norma estableció que el régimen entrará en vigencia el 1° de junio de 2026. El Poder Ejecutivo podrá postergar esa fecha por hasta seis meses.
El texto que obtuvo dictamen en diciembre había previsto un aporte uniforme del 3% sobre las remuneraciones de cada trabajador, con la misma base que las contribuciones al SIPA. Ese esquema cambió durante el tratamiento en el Senado. La versión final introdujo una diferenciación según el tamaño de la empresa y redujo las alícuotas.
De este modo, las grandes compañías deberán aportar un 1% mensual para integrar el FAL. Las micro, pequeñas y medianas empresas destinarán un 2,5%. Ambos porcentajes se calcularán sobre la base utilizada para las contribuciones patronales al sistema previsional.
A primera vista, la obligación de financiar el fondo podría implicar un costo adicional para el sector privado. Sin embargo, el proyecto incluyó un mecanismo de compensación. El artículo 76 dispuso que los empleadores «tendrán una reducción en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social equivalente» al monto que asignen al FAL.
En la redacción original se había fijado una baja general del 3% en las contribuciones patronales. Ese diseño generaba una ventaja directa para las empresas luego del recorte aplicado al fondo. La versión aprobada ajustó esa relación y equiparó los porcentajes.
Así, la reducción será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes, en línea con el aporte obligatorio al FAL. El resultado será una merma en los recursos de la Seguridad Social, en especial de la Anses, mientras que esos fondos se orientarán a financiar indemnizaciones cuando las empresas decidan despedir personal.
