El Gobierno avanzó con una decisión central para el complejo agroexportador: disminuyó las retenciones a la soja al 24% y redujo las cargas al aceite y la harina al 22,5%. También bajó el impuesto del maíz al 8,5% y el del trigo al 7,5%. Una fuente oficial aseguró que la resolución entraría en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial.

El recorte tuvo un impacto inmediato en el mercado. Las operaciones de trigo aumentaron en pleno ingreso de la cosecha, y los analistas destacaron que la señal política del Gobierno resultó más fuerte que la reacción de precios. Sin embargo, el eje del debate se ubicó en el costo fiscal que implicará este alivio tributario.

Max Capital informó que los derechos de exportación aportaron 7 billones de pesos en 2025, equivalentes a unos USD 4.900 millones. Con ese piso, la consultora calculó que la baja de dos puntos en soja y derivados provocó una merma del 8% en la recaudación del complejo. Para el maíz, la caída proyectada trepó al 10,5%, mientras que en el trigo alcanzó el 37%, debido a la reducción más profunda de alícuotas.

Romano Group evaluó que la caída total de ingresos se ubicaría entre USD 500 millones y USD 580 millones. LCG elevó esa cifra hasta USD 687 millones, siempre bajo el supuesto de precios internacionales estables y un nivel de exportaciones similar al actual. Estas estimaciones coincidieron en que la baja de impuestos generó un alivio sectorial, pero también una pérdida significativa para el fisco.

Aunque el Gobierno defendió la medida como un paso estructural, los analistas remarcaron que su impacto inmediato fue moderado. El especialista Dante Romano advirtió que “no corresponde esperar un traslado lineal de la baja impositiva al precio que recibe el productor”. Explicó que los márgenes de la industria continuaron en terreno negativo y que la presión estacional de la cosecha limitó cualquier mejora.

Javier Preciado Patiño sostuvo que “la decisión se asoció con la necesidad de generar dólares en el verano”. Indicó que las ventas del complejo sojero se mantuvieron por debajo de 100.000 toneladas diarias y que la medida buscó acelerar la liquidación pendiente para cumplir los compromisos de exportación.

Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, elogió el anuncio y afirmó: “Es una decisión muy valorada y positiva”. Para el consultor Salvador Di Stefano, el productor no mostró una intención clara de vender más, aunque aseguró que “el impacto en la recaudación no será tan importante”.

El analista financiero Ruben Ullúa puso el foco en la próxima campaña agrícola. Dijo que “no vio grandes impactos inmediatos” y sostuvo que el recorte apuntó a incentivar la siembra de 2025 y 2026.

El ministro Luis Caputo defendió la medida en redes sociales. “Eliminar las retenciones fue siempre una prioridad para el Presidente”, escribió. Subrayó que la reducción del impuesto “formó parte de un camino de alivio fiscal para el sector agropecuario” y afirmó que el Ejecutivo avanzaría con nuevas mejoras si las condiciones macroeconómicas lo permitían.

La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó que las alícuotas quedaron en sus niveles más bajos en seis años. El Gobierno celebró ese dato como una señal de competitividad para uno de los complejos que aporta cerca del 60% de las exportaciones argentinas. El mercado, en cambio, siguió con atención el efecto fiscal y la posibilidad de que la pérdida de ingresos se sostenga durante todo el ciclo agrícola.