En septiembre, la vicepresidenta dispuso que todos los senadores que concluyan su mandato entreguen no solo los despachos, sino también el mobiliario y los equipos asignados. La medida alcanza al personal y abarca desde teléfonos y computadoras hasta resmas y “tarjetas de comedor”.
Menos de dos meses logró sostenerse la desactivación de la “herencia” de despachos que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó establecer para los 24 legisladores –reelectos o no– que culminan su mandato en diciembre. La iniciativa quedó rápidamente en crisis: el kirchnerismo y Provincias Unidas se rebelaron y pusieron en marcha un intercambio interno de oficinas, mientras que el PRO y los llamados “silvestres” buscan reposicionarse con espacios más ventajosos. En paralelo, la UCR resiste y pretende conservar sus “joyas” edilicias a pesar del golpe electoral que sufrió.
El 11 de septiembre, Villarruel firmó el decreto 488 para que la “Dirección General de Administración” realizara un “relevamiento de oficinas actualmente asignados a los senadores, bloques políticos y asesores tanto en el Palacio Legislativo como en los distintos edificios anexos”.
El texto oficial establecía: “Los senadores con mandato cumplido deberán restituir a esta Presidencia y/o a la autoridad que esta designe, los despachos y/u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato”.
En palabras de un importante referente opositor, “hay reacomodamientos y realidades que cambiaron. No puede ser que un jefe se vea impedido de realizar una reunión con sus pares por una oficina minúscula, y otro cuente con un mega despacho sólo para alojar, como mucho, a su inmenso ego”.
El tema fue parte central del almuerzo que Villarruel organizó la semana pasada con representantes de distintas bancadas. A pesar de la cantidad de asuntos urgentes que tiene por delante el Gobierno libertario, una parte considerable del encuentro se dedicó a esta controversia. Más de un legislador no podía creer cuánto tiempo se destinaba al asunto.
Los bloques provinciales, conocidos como “silvestres”, aprovecharon el desconcierto general para reclamar “mejoras”. Un ejemplo claro es el del santacruceño José María Carambia, quien al comienzo de la gestión libertaria instaló una mesa en un pasillo contiguo a las oficinas de Villarruel para protestar por la falta de un espacio adecuado. La foto que se tomó allí se viralizó y, pocas horas después, obtuvo una respuesta favorable. Su compañera, Natalia Gadano, también se ganó fama de inconformista: mantiene una relación tensa con la vicepresidenta y su equipo, protagonizando más de una disputa verbal. Ambos legisladores se convirtieron en figuras impredecibles, lo que genera dudas sobre su comportamiento en futuras votaciones.
El decreto además detallaba que la devolución “incluirá la totalidad del mobiliario propiedad del H. Senado de la Nación -muebles, sillas, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de ingreso y egreso, tarjeta de comedor, resmas, papeles membretados, expedientes, carpetas y toda documentación administrativa que los senadores, los agentes y asesores afectados a sus despachos y/o cuerpo de asesores de comisión y/o que participen de los Bloques hayan utilizado durante el tiempo que duró su mandato y/o su designación en esta H. Cámara”.
Una vez finalizado el relevamiento, Villarruel podrá “disponer las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos”. Uno de los primeros en moverse fue Oscar Parrilli, delegado de confianza de Cristina Kirchner, quien dejará su banca en diciembre. Ya pactó entregar su tradicional despacho al bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro. En tanto, dentro del interbloque conducido por José Mayans persisten otras tensiones y disputas por los espacios más codiciados. Provincias Unidas, por su parte, puso la mira en las oficinas del experimentado salteño Juan Carlos Romero, consideradas un verdadero premio, lo que despertó el interés del correntino Carlos “Camau” Espínola.
El proceso de reubicación continúa, pero la pregunta que muchos formulan puertas adentro es cómo pensó Villarruel que podría modificar una práctica tan arraigada en el Senado con un simple decreto. Lo que más se critica no es la intención en sí, sino la manera desordenada en que se ejecutó, sin consultar ni aprovechar la experiencia de quienes mejor conocen los laberintos administrativos de la Cámara alta. Con una estrategia más cuidadosa, quizás el conflicto se habría evitado. Hoy, en cambio, se transformó en un nuevo dolor de cabeza para la vicepresidenta.
Mientras el kirchnerismo se atrinchera ante posibles maniobras de la titular del Senado, la UCR observa cada movimiento con cautela y prepara su defensa del segundo piso del Palacio Legislativo. Allí, el partido centenario mantiene oficinas privilegiadas y un sector de comunicación conocido entre los veteranos del Congreso como “la pyme”. Sin embargo, en tiempos de inteligencia artificial y respuestas instantáneas, la información que sale de ese espacio suele confirmarse recién al día siguiente. Y, paradójicamente, cobran por ello.
