Por Elisa Rossi

Miguel Quintabani, de la asociación civil Pro Vicente López, estima que a partir del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín las autoridades “ahora reconocen que Diacrom –empresa ubicada en Munro, que se dedica al cromado de metales- contamina el suelo y las napas”, no obstante aún “no aceptan la contaminación del agua potable”.

Las consecuencias de estas filtraciones dejarían huellas profundas en el cuerpo; “no hay dudas de que hay personas contaminadas en los alrededores de la firma, y hay que investigarlo”. Hasta el momento existen estudios aislados sobre casos de cáncer, pero, según puntualizó, carecen de rigor epidemiológico para resultar concluyentes.

La Fundación Ecosur inició un amparo por el daño ambiental causado por Diacrom, acusada de contaminar con cromo y plomo el agua de red y, a su vez, el río subterráneo abastecedor de la estación elevadora de Villa Adelina, que provee a Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre.

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, condenando a Provincia a que realice un plan de recomposición. También que la Comuna de Vicente López controle las condiciones de salubridad y el cumplimiento de la prohibición del vertido de efluentes dañinos.

Y ordenó a la empresa el cese inmediato de la utilización de cromo en el proceso de galvanoplastía y a hacerse cargo de los costos de resanación, cifra que aún no fue calculada, pero se descuenta millonaria.

“El fallo es inédito –mencionó Quintabani-. Nos da optimismo en el sentido que ahora la prensa está hablando, por lo menos, de la contaminación del terreno y de las napas”. De todos modos aclaró que puede haber una nueva apelación ante la Corte Suprema bonaerense.

Por otro lado avanza la causa penal en el Juzgado Federal del Dr. Bergesio, caratulada “Diacrom S.A. s/ infracción ley 24.051”. El entrevistado es uno de los denunciantes junto con María Luz Ledesma, vecina afectada.

Explicó que en dicho ámbito se persigue “no sólo la resanación, sino buscamos culpables”. Como hubo hace más de una década una denuncia, motorizada por un funcionario público, que finalmente prescribió, la defensa dice que la firma no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Asimismo, según comentó el titular de Pro Vicente López, no reconoce su responsabilidad actual basándose en que hasta 1995 no existían normas que le exigiera actuar de otra manera; en síntesis, argumentan que la situación actual es residual de aquella época.

La tercera órbita involucrada en este conflicto es la administrativa. El comportamiento del Estado fue dispar en los últimos años. “Provincia, a raíz de la difusión que tuvo el caso, se movió correctamente y terminó con una resolución que clausuró de forma definitiva la mayoría de las cubas de cromado”. No todas.

Pero con el municipio no hay ninguna concesión: “Siempre ocultó información. Si no tiene competencia porque es una industria de categoría tres, igual debería haber tomado la representación de los vecinos”.

Y recordó que la carta orgánica indica que los gobiernos locales tienen facultades para controlar la prestación del agua.

DATOS CUESTIONADOS

A partir de una nota publicada en un zonal, elaborada en base a informes de Aysa, en la cual se daba cuenta de la aparición de una grieta en un conducto subterráneo, Quintabani hizo algunas apreciaciones.

“No es cierto que el conducto abastezca sólo a Munro y Carapachay. (…) pretende suministrar agua corriente a todo el oeste de Vicente López, casi todo San Martín, gran parte de San Isidro, San Fernando y un pequeño sector de Tigre”.

Continuó diciendo que “resulta sospechoso que Aysa afirme que se reparará esa ‘grieta’ y en simultáneo nos anotician de la construcción de dos nuevas estaciones elevadoras. Curiosamente, esas plantas serían emplazadas a siete cuadras de distancia, y con Diacrom entre ambas”.

“Aysa ha informado, en las diversas causas judiciales, que la concentración de cromo no superó los 44 microgramos por litro en los últimos 24 meses. Asimismo, niega por omisión que las obras de Carapachay y Munro tengan relación con el caso de Diacrom”.

Concluyó ante La Noticia Web que “los datos son tan confiables como los que salen del Indec”, y sin vueltas añadió “nos están mintiendo porque tratan de sesgar la información”.