En Estados Unidos la norma se llama Hatch Act; en el Reino Unido la cuestión se rige por el Ministerial Code; en Canadá por el Conflict of Interest Act y en Australia el mandatario firma un compromiso de no usar los bienes del estado para actividades no-oficiales.
Desde que asumió como presidente de la Nación, Javier Milei no para de viajar. Y «con la nuestra», como solía repetir en campaña.
En lo que lleva de su mandato, el mandatario realizó en total 10 viajes: 5 al interior del país y 5 al exterior. De los viajes al exterior, 3 fueron a los Estados Unidos. Los primeros 4 viajes al interior costaron alrededor de $ 7 millones, y los primeros 3 viajes al exterior alcanzaron casi $ 169 millones, según datos oficiales.
Pero, ¿Cómo son la leyes a los viajes presidenciales en otras partes del mundo? Las leyes obligan a los partidos de un presidente a pagar los gastos en el Reino Unido, Canadá, Australia y muchos otros países.
Por caso, en Estados Unidos, en su carrera por la reelección, en 2019, la tesorería de la campaña de Donald Trump, tuvo que pagar 1.400.000 dólares por el uso del avión Air Force One, para participar de algunos actos en La Florida. Lo propio tuvieron que hacer Barack Obama por dos viajes en 2012 y antes George W. Bush en 2004. En todos los casos se utilizaron criterios discutibles: se calculó el costo del pasaje en primera clase o de un charter.
Lo que sucede en Argentina es que no tiene una ley específica, pero quienes transitaron por la Casa Rosada sostienen que encuadra en malversación de caudales públicos utilizar fondos que tienen un destino y se tuerce en beneficio personal.
Las leyes y los códigos de la mayoría de los países impiden que un presidente utilice lo público en su beneficio personal, o sea, en una gira proselitista o partidaria. Es algo común en los países (Estados Unidos entre ellos) que admiten la reelección. Y también sucede en las elecciones de medio término. Los presidentes hacen campaña.
Para justificar el viaje a España, lo cual claramente no fue por los intereses de nuestro país, el vocero presidencial Manuel Adorni, adujo que habría una reunión con importantes empresarios españoles, algo que nunca figuró en los objetivos del periplo. Pero tal como contó LaNoticiaWeb fueron un fiasco todo ese tipo de reuniones y lejos se estuvo de conseguir inversiones.
Incluso esa alternativa está planteada en las normas norteamericanas: si un presidente va a un acto partidario, pero también se encuentra con el gobernador de ese estado o realiza cualquier actividad oficial, se hace un prorrateo: el partido político le paga al Tesoro una parte y el Tesoro absorbe el resto.
En Estados Unidos la norma se llama Hatch Act; en el Reino Unido la cuestión se rige por el Ministerial Code; en Canadá por el Conflict of Interest Act y en Australia el mandatario firma un compromiso de no usar los bienes del estado para actividades no-oficiales. En Alemania el Konrad Adenauer, que es el avión presidencial, es operado por la Fuerza Aérea y rige una prohibición de utilizarlo para vuelos que no sean oficiales. En Francia el avión presidencial se llama Cotam 001 y tampoco existe una norma escrita: se trata de parámetros de transparencia que todos los mandatarios cumplen. Lo mismo en España.
