En la última sesión, la concejal Caputo solicitó una cuestión de privilegio contra el macrista Lencina, que fue aprobada por mayoría. La radical sostiene que existió discriminación de género. El presidente del bloque PRO, Germán Maldonado, trató de bajar los decibles. También fue aprobado un proyecto perteneciente a De Benedetti relacionado con el conflicto entre Provincia y el Club de Pescadores, que tiene como trasfondo la privatización del puerto.
Uno de los principales condimentos de la décimo primera sesión estuvo en el comienzo del encuentro legislativo con el pedido de la concejal radical Paola Caputo de una cuestión de privilegio establecida según la reglamentación, para “resguardar decoro y/o las agresiones de carácter moral o material”. El motivo: se sintió agraviada por su par macrista Fermín Lencina.
En su argumentación recordó que el problema se originó a partir de su denuncia en la sesión anterior – junto a Cristina González – de supuesto hostigamiento del bloque Pro Propuesta Republicana a personal de cocina. Como consecuencia, relató que el docente la mandó “a lavar los platos”. “Estas declaraciones son discriminatorias ya que las dice por mi condición de mujer. Esto no se debe tolerar y tampoco debe hacerlo este Concejo Deliberante”. De hecho, el Cuerpo acompañó en su mayoría la solicitud pasando el tema a la comisión de Administración y Legislación General presidida por Marambio.
Después de la intervención de Caputo, y reñido con la reglamentación, hicieron uso de la palabra gran parte de los ediles. Entre otros expresaron su rechazo Susana Terán, a cargo de la comisión de Tránsito, en donde habrían ocurrido algunos intercambios verbales; la macrista Marta Maenza, al frente de la comisión de la Mujer, y el socialista Carlos Roberto. Por su parte, el titular de Pro Propuesta Republicana, Germán Maldonado, pidió públicamente disculpas, aunque negó que hayan existido tales incidentes.
Por otro lado, el punto más destacado del orden del día fue un expediente presentado por Gustavo De Benedetti, y aprobado por unanimidad, que requiere al gobernador Daniel Scioli y a las Cámaras de Diputados nacional y bonaerense una audiencia con una comisión de concejales y el Club de Pescadores de Olivos para “consensuar una solución superadora a la actual situación”.
El nudo del conflicto es que Provincia inició acciones judiciales tendientes al desalojo de la entidad (muelle e inmueble), fundada hace setenta años. De por medio hay una deuda de parte de un canon por permiso de uso. Sobrevuela el tema el fantasma de la privatización del puerto.
