Por Gonzalo Cores

Los concejales del Partido Justicialista Alejandro Mellea y Osvaldo Lobato presentaron a fines de agosto un proyecto para establecer la obligatoriedad a los establecimientos que comprendan un espacio de más de 1800 metros cuadrados a colocar cámaras de seguridad, no sólo en el interior de lugar, sino también en las adyacencias. La ordenanza abarca a los locales comerciales y de servicios financieros.

El fin de la iniciativa es –según detallan los ediles- “prevenir la ola de violencia que afecta a toda la comunidad”.

Los costos operativos estarían a cargo de dichas entidades y las video-cámaras serán monitoreadas por el Centro Operativo Municipal, inaugurado recientemente por el intendente Ricardo Ivoskus y el gobernador Daniel Scioli.

Las cámaras deberán ajustarse y ser compatibles con las que adquirió por la comuna a través del Programa Integral de Protección Ciudadana, que consiste en la instalación –para el mes de octubre- de un total de 140 artefactos.

Ambos concejales justicialistas señalaron que “la inseguridad se ha constituido en uno de los temas de mayor preocupación para San Martín, como así también en el orden provincial y nacional”.

Lobato –titular de la OUM municipal y vicepresidente del Club Chacarita Juniors- y Mellea –secretario general del sindicato de textiles- afirmaron que la medida será un “beneficio” y “aportará a la seguridad pública” de San Martín.

De aprobarse el proyecto, los establecimientos (supermercados, centros comerciales y bancos, entre otros) deberán adaptarse a la ordenanza en un plazo de 30 días, con una prórroga de otros 30 por causas justificadas. El incumplimiento de la misma produciría la caducidad de la habilitación administrativa.