En medio de un reacomodamiento interno que redefine vínculos y lealtades, el PRO atraviesa semanas de tensión mientras busca afirmarse sin diluir su sello histórico. La conducción amarilla insiste en reconstruir una identidad nítida, incluso si eso implica tomar distancia de alianzas más amplias y concentrarse en un bloque más chico pero coherente con su trayectoria.

El distanciamiento respecto de Provincias Unidas responde a que ese espacio intenta impulsar una estructura suprapartidaria, una idea que en el macrismo consideran incompatible con la etapa de reorganización que transitan. Por eso, puertas adentro del Congreso rechazan la decisión de la santafesina Gisela Scaglia, quien eligió no sumarse a la bancada de Cristian Ritondo y se alineó con el grupo de gobernadores.

La expectativa entre varios dirigentes es que la determinación de la hasta ahora vicegobernadora del radical Maximiliano Pullaro tenga un impacto institucional. Dentro del macrismo ya se menciona la posibilidad de promover una intervención del partido en Santa Fe y evaluar una expulsión, como ocurrió con Oscar Agost Carreño en Córdoba.

Tanto Agost Carreño como Scaglia llegaron a conducir el PRO en Córdoba y Santa Fe, respectivamente. Sin embargo, sus recorridos tomaron otro rumbo: él se incorporó al armado de Encuentro Federal hace dos años, mientras que ella comunicó que trabajará bajo el paraguas de Provincias Unidas, después de participar por última vez en la reunión del Gabinete provincial este lunes.

En Córdoba, tras idas y vueltas judiciales e intervenciones sucesivas, Agost Carreño compitió en octubre con el sello amarillo, aunque apenas superó el medio punto. En noviembre, el PRO nacional decretó otra intervención, pero un reciente fallo volvió a respaldar al diputado saliente.

El propio Agost Carreño explicó en redes sociales que “la semana pasada, la jueza federal con competencia electoral en CABA dejó sin efecto la intervención del PRO Córdoba dispuesta en julio” y que este lunes dictó otra cautelar para que él y las autoridades electas sigan “a cargo del partido frente al intento de una nueva intervención dictada en noviembre”.

En el mapa provincial, el único gobernador PRO que hoy integra Provincias Unidas es Ignacio Torres, de Chubut. Tras las elecciones del 26 de octubre, donde quedó tercero, perdió el escaño que ocupaba en la Cámara Baja y dejó de formar parte del bloque amarillo.

La estrategia territorial de Torres genera reparos internos: en su gestión priorizó una alianza amplia que terminó diluyendo la marca del PRO dentro de Despierta Chubut, lo que incluso desplazó el nombre histórico del macrismo en espacios como la Juventud.

Otros mandatarios también gobiernan con coaliciones extensas, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Pero su caso es leído de otra manera: la dirigencia lo justifica al considerar que fue la única vía para conquistar el distrito y remarcan que “juega para el PRO”.

Por ese motivo, no hubo dudas sobre la incorporación de Alicia Fregonese, electa el 26 de octubre, al bloque comandado por Cristian Ritondo, ni sobre el respaldo de Nancy Ballejos, legisladora saliente, en las últimas votaciones. En ese mismo clima, el entrerriano Francisco Morchio —que respondía al oficialismo— decidió pasar de Encuentro Federal a La Libertad Avanza, aunque no pertenecía al PRO. El caso de Torres en el Congreso nunca dejó una impresión tan ordenada: la diputada Ana Clara Romero fue señalada reiteradamente como una de las voces más díscolas dentro del bloque amarillo.