Con un panorama de incertidumbre financiera y sin acuerdos paritarios, las universidades públicas se preparan para un 2025 marcado por tensiones con el gobierno de Javier Milei. El eje del conflicto radica en un presupuesto insuficiente, sumado al deterioro salarial del sector docente.

Las masivas marchas de abril y octubre en 2024 expusieron la crisis que atraviesa la educación superior. La movilización de abril, que reunió a más de un millón de personas, obligó al gobierno a garantizar la continuidad del sistema universitario y a descartar, al menos por el momento, la posibilidad de arancelar la educación pública. Sin embargo, estas promesas no evitaron una nueva protesta en octubre, esta vez por un atraso salarial del 40% respecto a la inflación.

El presupuesto aprobado por el Ejecutivo libertario muestra una marcada inequidad. Mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió un aumento del 270%, las demás instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quedaron relegadas. Este reparto desigual no solo generó tensiones internas, sino que también evidenció las limitaciones de un modelo de ajuste que se consolida en 2025.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se ha posicionado como la cara visible del gobierno en esta disputa. En octubre, un debate televisivo entre Álvarez y Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, marcó la agenda mediática, aunque dejó un sabor amargo entre rectores del CIN, quienes cuestionaron la representatividad de Yacobitti en esa instancia.

Álvarez, con antecedentes en el peronismo, ahora se presenta como un defensor del ajuste en el sistema universitario. Bajo su gestión, el presupuesto proyectado para 2025 apenas alcanza los $3,8 billones, muy lejos de los $7,2 billones solicitados por las universidades para garantizar su funcionamiento.

Con obras paralizadas y una oferta académica limitada, las universidades enfrentan un desafío complejo. Rectoras y rectores evalúan impulsar una nueva ley de financiamiento universitario, que podría ser sometida a una consulta popular vinculante, liderada por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Además, el Frente Sindical de Universidades Nacionales sigue siendo clave en la organización de gremios, rectores y federaciones estudiantiles, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas para el funcionamiento del sistema y lograr una recomposición salarial.

Un conflicto inevitable

El desfase presupuestario de $3,4 billones plantea un escenario de conflicto que, según actores del sector, estallará en los primeros meses de 2025. Aunque la estrategia es mantener el diálogo con Álvarez, el movimiento universitario no descarta volver a las calles para defender el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.

Este pulso entre las universidades y el gobierno de Milei promete ser uno de los grandes debates del año, con implicancias que exceden al ámbito educativo y tocan el corazón de las políticas públicas del país.