Pese a las maniobras de los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria, dentro del Congreso daban casi por descartada la posibilidad de concretar una última sesión antes del recambio legislativo. A partir de ese momento, el gobierno de Javier Milei contará con una configuración parlamentaria mucho más favorable para avanzar con sus iniciativas. En el Senado, La Libertad Avanza pasará de seis a 20 representantes, y en Diputados de 38 a 91. Sin embargo, aun con ese crecimiento, el oficialismo seguirá dependiendo de la oposición dispuesta al diálogo para aprobar el Presupuesto y las reformas incluidas en la agenda de sesiones extraordinarias previstas hasta febrero. En este esquema, los gobernadores se vuelven actores centrales y, para seducirlos, la Casa Rosada prepara una oferta que apenas supera los pedidos que los mandatarios provinciales vienen exigiendo desde hace meses: recursos que consideran propios y algún beneficio extra. Una propuesta de bajo costo que el oficialismo confía en que los gobernadores terminarán aceptando.

“El poncho no aparece”, ironizó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sobre el intercambio que mantienen con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quienes trasladaron los reclamos por fondos y obras que antes discutían con Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Nuevamente, funcionarios de tono amable, siempre disponibles, pero sin brindar respuestas concretas a las demandas provinciales. “Estamos esperando alguna resolución, seguimos hablando, todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas”, añadió Sáenz, que viene impulsando la ampliación del espacio parlamentario de las fuerzas provinciales. Su objetivo es sumar al bloque Innovación Federal —integrado por representantes de Salta, Misiones y Río Negro— a los de Neuquén y a los peronistas de Tucumán y Catamarca. Si lo logra, quedaría como la tercera bancada de la Cámara, con capacidad de negociación decisiva.

Este martes, Santilli mantendrá una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien llegará acompañado por su referente político, el exgobernador Carlos Rovira. Ambos conducen un grupo clave de cuatro diputados y dos senadores. El miércoles, el ministro viajaría a Jujuy para encontrarse con el gobernador radical Carlos Sadir, y hacia el fin de semana tiene previsto avanzar con reuniones con el santafesino Maximiliano Pullaro y el puntano Claudio Poggi. “Le pedí que haga todo el esfuerzo posible, para que podamos incorporar algunas cuestiones que los gobernadores (incluso en su momento, con la firma de los 24 mandatarios) venimos impulsando, que no afectan para nada el equilibrio fiscal, ya que son fondos que pertenecen a las provincias, algo que incluso expresamos en la última reunión de gobernadores del Norte Grande”, explicó Zamora tras recibir al ministro en su provincia.

A mediados de año, los mandatarios plantearon —mediante dos proyectos de ley— que el Ejecutivo debía distribuir los recursos correspondientes a los ATN y a lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, fondos que deberían destinarse a fideicomisos y obras viales hoy paralizadas. Los gobernadores exigieron que los ATN, distribuidos de manera discrecional por el Ejecutivo, pasaran a formar parte de la masa coparticipable y que las provincias recibieran íntegramente la porción del impuesto a los combustibles que les corresponde. Aunque la ley de ATN se aprobó, Milei la vetó. La nueva propuesta del Ejecutivo no se aleja demasiado de ese reclamo, que ya lleva meses: distribuir recursos que legalmente corresponden a las provincias, y que hoy engrosan un superávit calculado a fuerza de recortes y retenciones.

A cambio de respaldar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal (conocida como la de “los dólares del colchón”), el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría dispuesto a repartir los fondos de ATN entre los gobernadores que aporten sus votos —y mantengan sus cuentas ordenadas—, liberar una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles —las provincias reclaman el 57%—, otorgar avales para que puedan tomar créditos con organismos internacionales y promover cambios en la ley de Glaciares que permitan a cada provincia delimitar por sí misma las zonas habilitadas para la actividad minera. Según el Ejecutivo, esto facilitaría explotar áreas hoy protegidas y atraer nuevas inversiones. En distintos momentos, San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz reclamaron redefinir el concepto de periglaciar.

En términos generales, aunque el Gobierno recoge parte de los reclamos que los gobernadores sostienen desde hace tiempo, su nivel de concesión es mínimo frente a la magnitud de los proyectos que busca aprobar, clave para la segunda etapa de la gestión de Milei. Tampoco hay precisiones sobre las obras públicas abandonadas en numerosas provincias, cuya reactivación los mandatarios exigen con urgencia. Mucho menos sobre lo planteado en el último encuentro del Norte Grande respecto al financiamiento del ARCA, que consideran debe ser redistribuido. Ni sobre la deuda pendiente con las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, ni otras sumas que el Ejecutivo retiene o directamente dejó de enviar. En la provincia de Buenos Aires, estiman esa deuda en 13 billones de pesos. Confiada por el envión del triunfo electoral, la Casa Rosada cree que podrá sumar voluntades a bajo costo.