El Congreso se prepara para una semana de alta tensión política con dos temas que dominarán la agenda legislativa: la presentación formal del proyecto de Ley Hojarasca y el tratamiento del Presupuesto 2025. La Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, será discutida el próximo lunes, mientras que el presupuesto, esencial para la estabilidad económica del país, ocupará la atención de los legisladores a lo largo de la semana. En este contexto, el oficialismo, encabezado por el presidente de la comisión, José Luis Espert, tendrá que navegar una tormenta de críticas, desacuerdos y pedidos de negociación.

Uno de los puntos de conflicto más álgidos es la insistente invitación al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para que asista al Congreso y explique las bases del Presupuesto 2025. Su reticencia a presentarse ha generado malestar en varios bloques, incluyendo Unión por la Patria (UxP) y sectores de la oposición dialoguista como Encuentro Federal. La presencia de Caputo es crucial, ya que se trata de su presupuesto y hay muchas dudas sobre la viabilidad de las proyecciones presentadas. Miguel Ángel Pichetto, líder de Encuentro Federal, ha sido uno de los más vocales en este tema, resaltando que el Gobierno parece haber consolidado “el partido del bloqueo y la minoría”.

Las negociaciones para lograr la aprobación del presupuesto se ven complicadas por la fragmentación política en el Congreso. El bloque oficialista, que cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, no tiene los 129 votos necesarios para sancionar el proyecto sin modificaciones. A pesar de que la alianza con sectores del PRO, del MID y algunos diputados radicales permitió bloquear rechazos a vetos presidenciales, el contexto es diferente en esta ocasión. Legisladores como Martín Menem y Gabriel Bornoroni saben que deberán aceptar cambios y sugerencias de otros sectores, tanto dentro como fuera del Congreso, para avanzar.

Desde el radicalismo y Encuentro Federal han surgido fuertes críticas al presupuesto tal como está redactado. Esteban Paulón, representante del socialismo santafesino, advirtió que el presupuesto es «invotable» en su forma actual y subrayó la ausencia de partidas para cumplir con la promesa del presidente Javier Milei de devolver el 8% que perdieron los jubilados por el empalme en la ley de movilidad jubilatoria. La fórmula de movilidad sigue siendo un tema central de debate, con la UCR expresando su rechazo a lo que consideran una quita injusta para uno de los sectores más vulnerables del país.

A su vez, el ajuste que propone el Presupuesto 2025 ha generado rechazo en otros ámbitos. Paulón señaló que el presupuesto prioriza el pago de la deuda externa y establece una regla fiscal que impone severos recortes en caso de déficit, lo que afectará gravemente áreas como la educación y las obras públicas. Los diputados radicales han sido particularmente críticos con la suspensión del 6% del PIB destinado a la educación, lo cual consideran una violación de la Ley de Educación que garantiza ese porcentaje mínimo para el financiamiento educativo.

En este panorama, los gobernadores que habían apoyado al Gobierno en momentos clave, como en el veto a la ley de financiamiento universitario, comienzan a mostrar señales de agotamiento. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, fue uno de los que prestó su apoyo a la Casa Rosada, pero este gesto le ha generado conflictos internos con sectores del Partido Justicialista local y la Universidad de Catamarca. La provincia depende en gran medida de los fondos nacionales, ya que el 70% de sus ingresos en 2023 provinieron del Estado central, una situación que se ve agravada por el contexto de ajuste fiscal.

Algo similar ocurre con otros gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Hugo Passalacqua, de Misiones, quienes también han manifestado su descontento por la falta de cumplimiento de compromisos financieros. A pesar de que algunas provincias, como Misiones, han sido beneficiadas con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el ajuste fiscal ha golpeado duramente a los gobiernos provinciales. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias no automáticas a las provincias cayeron un 67,5% en términos reales durante el último año.

El malestar de los gobernadores no se limita al ámbito económico. En el Congreso, varios mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) han endurecido su posición frente al Gobierno, en parte por la falta de avances en la liquidación de pasivos y en el financiamiento de obras públicas. Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, ya dio un primer paso en esta dirección cuando sus diputadas votaron en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, a pesar de haber acompañado al oficialismo en otras ocasiones.

Por otro lado, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ha comenzado a marcar distancia del oficialismo enviando a sus legisladores a apoyar iniciativas en áreas como el financiamiento educativo, lo que refleja el creciente descontento de las provincias frente a la política de ajuste fiscal del gobierno central. La descompensación económica que afecta a las provincias, combinada con el ajuste impuesto desde la Nación, ha generado un escenario de alta inestabilidad política.

En este contexto, la aprobación del Presupuesto 2025 se ha vuelto un desafío monumental para el Gobierno de Javier Milei, que no solo enfrenta la resistencia de la oposición, sino también la disconformidad de aliados clave. Para lograr los 129 votos necesarios, el oficialismo necesitará flexibilizar su postura y negociar con sectores dispares, un proceso que se presenta complicado dada la polarización creciente en el Congreso.

El panorama no es alentador. Pichetto ya ha advertido que la falta de una mayoría estable en el Congreso pone en riesgo no solo la aprobación del presupuesto, sino también la estabilidad institucional del país. “No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el Gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar”, afirmó. Este comentario refleja el escepticismo que empieza a permear no solo en los sectores opositores, sino también en aquellos que hasta ahora habían sido aliados del oficialismo.