El debate sobre el Presupuesto 2025 sigue siendo un tema central en la agenda política de la gestión libertaria, con profundas divisiones internas y tensiones con la oposición. A medida que se acercan las fechas de cierre del período legislativo, las autoridades nacionales insisten en que serán los gobernadores y legisladores oficialistas quienes deberán definir cómo se distribuyen los fondos entre infraestructura y universidades, antes de evaluar posibles modificaciones al proyecto. Mientras tanto, la oposición presiona por una convocatoria a sesiones extraordinarias, pero desde el oficialismo advierten que, ante la falta de consenso, el Presupuesto podría no ser aprobado y continuar vigente el presupuesto prorrogado de 2023.

En este contexto, el gobierno argentino esperaba los resultados electorales de los EEUU. Además de la posible afinidad ideológica entre los candidatos presidenciales, se especula que Trump podría desempeñar un papel clave en las negociaciones que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, está llevando adelante en relación con la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque un sector del Gobierno reconoce que las políticas económicas que podría implementar Kamala Harris, otra de las candidatas, podrían ser beneficiosas para la Argentina, también se destaca que una victoria del Partido Republicano podría resultar favorable, especialmente en términos de relaciones internacionales.

Las elecciones en Estados Unidos también han complicado la agenda del Gobierno, que en las últimas semanas ha estado negociando con los distintos bloques legislativos para llegar a un acuerdo en el Congreso sobre temas clave como el Presupuesto y la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otros.

Con los líderes de las bancadas de diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, respectivamente, en Washington para actuar como veedores independientes en los comicios, esta semana tampoco se llevó a cabo la reunión de seguimiento parlamentario en la Casa Rosada.

Además, en los Estados Unidos se encuentra también el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, quien suele ser un puente entre el oficialismo y la oposición dialoguista, y que está trabajando en los detalles del Presupuesto.

Este jueves, las comisiones que tratan la iniciativa volverán a reunirse para escuchar, en esta ocasión, al nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, quien participará de las exposiciones previstas en el marco de este debate.

En este contexto, aunque no se descarta que finalmente se realice, diversas fuentes consultadas desestimaron que se logre organizar el encuentro entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los representantes de los bloques aliados, lo que implicaría la segunda semana consecutiva sin dicho acercamiento.

La última vez que se llevó a cabo esta reunión fue el 23 de octubre, cuando la UCR, que había estado pidiendo un lugar en estas mesas de diálogo, se sumó al encuentro, un hecho que terminó por agudizar la división del partido en el Congreso.

Por otro lado, Javier Milei recibió este martes a los gobernadores del radicalismo Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), quienes le solicitaron fondos para financiar diversas obras.

En este contexto, las autoridades nacionales subrayan que existe desacuerdo entre los gobernadores y los legisladores de su propio espacio respecto al destino de los fondos: si deben ser destinados a infraestructura o a las universidades. Señalan que serán los propios mandatarios quienes deberán definir esta cuestión, para luego decidir si es necesario realizar ajustes en el Presupuesto.

Mientras tanto, la oposición ya considera que el Gobierno debería convocar a sesiones extraordinarias para seguir discutiendo el tema durante diciembre y enero. Sin embargo, la cúpula libertaria se opone a esta medida y exige que la iniciativa sea votada antes de fin de mes, dado que el período legislativo formal concluye entonces.

Incluso, algunos sectores del oficialismo advierten que, en caso de no alcanzarse un consenso para la aprobación del proyecto, el Presupuesto no se trataría y se podría optar por prorrogar nuevamente el presupuesto de 2023, el último que fue sancionado.

“El Ejecutivo está dispuesto a escuchar las propuestas que el Congreso quiera presentar sobre el Presupuesto, siempre y cuando no alteren lo que consideramos fundamental: el equilibrio fiscal. Si eso se mantiene y es necesario realizar algún ajuste, deberán especificar si quieren aumentar una partida o reducir alguna otra. Pero tampoco tenemos una urgencia en que sea aprobado. Creemos que sería un buen mensaje institucional que el Congreso apruebe el presupuesto enviado por el Ejecutivo, pero si eso no sucede, seguiremos con la prórroga del presupuesto vigente”, comentó Francos en una entrevista radial.