El Gobierno anunció una actualización en los valores del nomenclador para las prestaciones de discapacidad, con incrementos que oscilan entre 29 y 35% en tres tramos, distribuidos entre octubre y diciembre. La medida generó un fuerte rechazo entre los prestadores, las familias y las organizaciones del sector, que denunciaron que la decisión fue unilateral y no cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó que los aumentos se aplicarían en dos escalas. Para transporte, hogares, rehabilitación y residencias, el esquema prevé un 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, con un acumulado de 35,43%. En las demás prestaciones, el incremento totaliza 29,73%, distribuido en tres etapas. Sin embargo, el representante de los prestadores votó en contra durante la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, donde se discutió la medida.

El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó que “el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad”. El espacio recordó además que el Ejecutivo “sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, pese a haber sido sancionada y promulgada.

Durante el encuentro en Andis, el representante del sector presentó una moción alternativa que pedía un aumento inmediato del 70% sobre el valor vigente y la aplicación automática de las actualizaciones previstas por ley. La propuesta no fue aceptada por los funcionarios. Las entidades del Foro señalaron que los incrementos oficiales se terminarán de cobrar recién entre marzo y abril de 2026, lo que agrava la situación de los centros y profesionales.

Desde Córdoba, Natalia Balmaceda y María Inés Sánchez Nippe, ambas docentes de Educación Especial, describieron una situación límite. “Se nos hace difícil trabajar con un retraso del 70 por ciento en los pagos y actualizaciones”, afirmaron. Indicaron además que el Estado no paga con los valores actualizados y que gran parte de los gastos de funcionamiento se cubre con aportes de los propios trabajadores.

Las profesionales alertaron que el sector se encuentra al borde del colapso. “Las consecuencias serán muy graves si el Gobierno veta la Ley de Financiamiento a la discapacidad con centros que dejarán sin trabajo a profesionales y luego cerrarán”, advirtieron.

Organizaciones, familias y prestadores coinciden en que la suba dispuesta por la Andis es “escandalosamente insuficiente”, ya que los valores continúan muy por debajo de los costos reales. La demora en los pagos, el incumplimiento de la ley y la falta de diálogo con el sector pusieron en riesgo la continuidad de miles de servicios esenciales para personas con discapacidad.