El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y representantes del movimiento feminista de Santiago del Estero formalizaron pedidos en la Cámara de Diputados provincial para que se impida la asunción del electo legislador Héctor «Chabay» Ruiz, condenado por delitos de abuso sexual.

La representante local del INADI, Luisa Paz, afirmó que, tras recibir el pedido de movimientos feministas locales, decidió presentar una nota manifestando la «preocupación» por la asunción de Ruiz y alertar sobre «la gravedad institucional» que ello representa.

En paralelo, organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos fueron recibidas por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por el reclamo de impugnación a la asunción de Héctor Eduardo Ruiz, alias Chabay, como diputado provincial en Santiago del Estero. Ruiz fue condenado en 2015 por abuso sexual contra una mujer y hay otro caso, listo para ser elevado a juicio. La reunión en el ministerio fue acompañada por una manifestación frente al Congreso de la Nación.

«Estoy profundamente preocupada por las implicancias que puede tener que asuma a un cargo una persona condenada por una violación», expresó Gómez Alcorta a Télam.

En el Congreso estuvieron presentes mujeres santiagueñas organizadas, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y un conjunto amplio de organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la CCC.

«Sonó muy fuerte el reclamo de que es inadmisible que este diputado asuma porque nos pone en peligro y baja muchísimo la calidad democrática de lo que pueda salir de esa legislatura», destacó Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos que participó de la denuncia colectiva.

«También nos expresamos por una reforma judicial feminista, que asegure la perspectiva de género en el juzgamiento de este tipo de delitos y que cuestione la estructura patriarcal de la justicia«, agregó.

«En este caso fue muy claro cómo se subestimó lo que decía la víctima y sobre todo queremos una justicia que sea sensible a estas cuestiones, porque también en la justicia electoral hay un problema, porque aprueba esa postulación. Esperamos una respuesta favorable», concluyó Cavallero.

Florencia Pérez, una de las referentes santiagueñas que viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con la ministra y participar de la conferencia de prensa, dijo que están «muy agradecidas de que automáticamente el Ministerio de las Mujeres haya arbitrado todos mecanismos desde el momento en que hicimos público el repudio al diputado que está por asumir con una causa de abuso y otra en curso». «Estamos preocupadas porque es revictimizante que una persona como Ruiz asuma una banca», señaló.

Y agregó que «hemos logrado que el Ministerio envíe una nota a la Cámara de Diputados de la provincia expresando su preocupación, y el compromiso del ministerio de seguir trabajando y apoyando a las organizaciones en la provincia».

En este sentido, Gómez Alcorta dijo que este caso es «muy paradigmático» con la particularidad de que hay una condena y con sospecha de impunidad de otra causa judicial, «que tenía requerimiento de elevación a juicio y que las organizaciones nos plantearon que desconocían las razones de por qué no se había avanzado con esa causa». Y señaló que el único ámbito institucional que tiene posibilidades de intervenir para la impugnación es la Cámara de Diputados Provincial por cuestiones federales.

La ministra confirmó el envío del Ministerio de una nota al presidente de la Cámara de diputados de Santiago del Estero «sin menoscabar las atribuciones que tiene exclusivamente el Poder Legislativo de la provincia y las demás instituciones provinciales» en la cual transmitió su «profunda preocupación» sobre esta situación y puso en conocimiento de la legislatura que se reunió con las organizaciones y accedió a información «de primera mano».

Gómez Alcorta destacó que en la reunión pusieron en común la información judicial disponible y dijo que había confirmado que Ruiz había sido condenado por violación y había accedido a un juicio abreviado y que tuvo otra situación muy similar que está en trámite y que «pareciera quedó en un limbo», ambas en el marco del ejercicio de la función pública cuando él era intendente de la ciudad santiagueña de La Banda.

«En el momento que el Poder Judicial intentó detenerlo se profugó, y estuvo prófugo durante varios meses, hasta que finalmente firmó un juicio abreviado muy conveniente para él porque le cambiaron la calificación por abuso sexual, a pesar de que el propio requerimiento de elevación a juicio firmado por la propia fiscal demostraba la abundante prueba que acreditaba que había habido acceso carnal y que por ende era violación», detalló la ministra.

Por otra parte, la titular de la cartera de Mujeres y Diversidades recordó que el Estado argentino «tiene una obligación de prevenir, sancionar y reparar, con todo lo que cuesta denunciar, las trabas, el estigma, las implicancias psicológicas y le está dando un mensaje muy grave a las víctimas de violación», porque las personas que las atacaron podrían tomar un lugar de representación pública.

Entre las iniciativas de prevención ante estos hechos, la funcionaria señaló que «ha habido varias y depende de cada provincia», pero destacó lo que se conoce como «ficha limpia en materia de género», que es la imposibilidad de que conformen las listas cualquier persona que tenga una condena vinculada a un delito contra la integridad sexual o incluso por violencias por motivo de género.