A poco más de un mes para las elecciones legislativas en las provincias de Buenos Aires, la abogada Silvia Martínez hizo una presentación ante la Junta Electoral bonaerense para impugnar las candidaturas testimoniales impulsadas por el peronismo al afirmar que «engañan al elector al momento de votar, dándoles una opción falsa».

Además, planteó la impugnación «en los términos del artículo 22 de la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires, ley Nº 5109 en relación a diversas candidaturas presentadas para las elecciones provinciales de septiembre de 2025, en función de su presunto carácter testimonial, en tanto podrían lesionar el principio de buena fe electoral y el derecho ciudadano a un voto informado y genuino» y mencionó que muchos intendentes que son candidatos a diputados, senadores provinciales o concejales no poseen «vocación real de asumir los cargos en caso de resultar electos».

De hecho, en ese sentido, nombró a los mandatarios Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), entre otros. Y, al mismo tiempo, destacó que otros jefes comunales y candidatos como Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín) «declararon públicamente su voluntad de asumir en caso de ser electos, lo que refuerza las sospechas sobre el resto de las postulaciones».

Ante esto, se mostró crítica con la situación: «Las candidaturas obedecen a una estrategia político-electoral para reforzar listas o asegurar el control de sus distritos, pero sin intención real de ejercer la función para la que se postulan».

El pedido de impugnar las candidaturas testimoniales en PBA solicita que «se intime a los candidatos señalados a expresar, mediante declaración jurada, su intención expresa de asumir el cargo en caso de resultar electos», «que se evalúe la legalidad de dichas postulaciones conforme al principio de buena fe electoral y transparencia» y que «en caso de constatarse simulación o uso testimonial de las candidaturas, se tomen las medidas pertinentes para preservar la integridad» de las elecciones.

Y, finalmente, advirtió que “la llamada ‘candidatura testimonial’ es engañosa y viola los fundamentos del sistema de representación política” y que «engañan al elector al momento de votar dándoles una opción falsa».