El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, Secretaría 1, registró el ingreso de una acción de amparo bajo el expediente FSM 021686/2026, presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a diversas organizaciones sociales y agrarias contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida busca frenar el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, en Ituzaingó, clausurada oficialmente el 27 de febrero tras más de 15 años de trabajo científico en el conurbano bonaerense. Los demandantes sostienen que el vaciamiento de recursos comenzó en junio de 2025 y que la decisión vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de 16 millones de personas.

Entre las entidades firmantes figuran APINTA, FONAF, la Asociación Manuel Ugarte, la Cooperativa Trasulag y la Fundación Servicio de Paz y Justicia. Según remarcaron, la estación brindaba asistencia tecnológica al cinturón frutihortícola y de granjas del área metropolitana, clave para garantizar el acceso a frutas y verduras de consumo diario. “Se demanda al INTA porque luego de dos décadas de trabajo conjunto abandonó a los agricultores familiares sin fundamento, incumpliendo leyes de agricultura familiar, de ciencia y tecnología, la Constitución y tratados internacionales que protegen el derecho a la alimentación”, señalaron.

La demanda enfatiza que la Agricultura Familiar produce el 70% de los alimentos frescos consumidos en el país y genera el 54% del empleo rural. “En Argentina todos los días comemos papa, tomate, zanahorias y zapallos. No comemos porotos de soja de exportación”, remarcaron las organizaciones, subrayando la centralidad del sector en la dieta cotidiana.

El escrito también denuncia que el cierre responde a intereses inmobiliarios: la venta de las tierras públicas de Ituzaingó a desarrolladores privados para proyectos de viviendas de lujo. “Ya hay procesos penales abiertos por este tipo de ventas fraudulentas”, advirtieron.

La causa, caratulada como “Asociación Trabajadores del Estado y otros c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) s/ Amparo Ley 16.986”, quedó radicada en la Justicia Federal de San Martín, que deberá evaluar la admisibilidad del planteo y eventualmente requerir informes al organismo demandado para determinar si la clausura administrativa afecta derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores.