Según una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder sobre distintos aspectos relacionados con las características y particularidades de los ascensos producidos en la Policía bonaerense.
En el proyecto de solicitud de informes aprobado durante la última sesión, se detallan inquietudes como cantidad de efectivos policiales que fueron promovidos por el Ministerio de Seguridad, precisando fecha e identificación de los actos administrativos dictados en consecuencia durante el corriente año; la asignación de los referidos ascensos según los distintos agrupamientos de la fuerza de seguridad; y el mecanismo de excepción utilizado para ascender a efectivos que carecían de título secundario.
Asimismo, el Ejecutivo deberá aclarar si existen denuncias por falsificación de títulos secundarios que afecten a miembros de la Policía Bonaerense, que han sido beneficiados con el régimen de promoción aludido; y si persiste personal policial con antigüedad entre 5 y 15 años del servicio activo que no fue beneficiado con el “régimen de promoción de ascensos” que nos ocupa, y de ser así determine cantidad de efectivos, expresando en éste caso los fundamentos de la medida.
El diputado de la UCR y autor de la iniciativa, Juan Gobbi, calificó de “disparatada” la medida de promover un ascenso masivo en la policía de la provincia de Buenos Aires, “sin respetar el marco de legalidad que ello amerita, y mediante una normativa de “excepción” de dudosa constitucionalidad”.
“Seria prudente una urgente revisión de los actos administrativos dictados –prosiguió Juan Gobbi - que impliquen darle un sentido de justicia y equidad a los ascensos, priorizando la correcta evaluación de los legajos como asimismo la acreditación del título de estudiante secundario de cada miembro de la policía bonaerense”.
Y agregó, “también debe analizarse la promoción a que pertenece cada efectivo en todos los casos, y asimismo si registran antecedentes penales o sumarios internos en la fuerza”, ya que “sería intolerable discriminar a funcionarios que reúnen los requisitos para una normal promoción, y “premiar” a otros que fueron beneficiados con títulos apócrifos, generando un daño irreparable a toda la institución”.
Finalmente, Juan Gobbi advirtió “se impone esclarecer sobre la marcha de las investigaciones en curso, determinar sus responsables y asimismo retrotraer la medida, que cómo consecuencia directa ha generado una defraudación agravada contra la administración pública”.
