La extensión del requisito de financiamiento previo para buena parte de los bienes y servicios importados, incluyendo no solo artículos de consumo (que representan menos del 10% del total) sino también materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, significa para buena parte de las empresas una severísima restricción a sus posibilidades de importar.

Vale destacar que, habida cuenta de la situación macroeconómica vigente en Argentina, con un elevadísimo nivel de riesgo país y un historial crediticio que dista de ser inmaculado, las posibilidades de obtener financiamiento de proveedores del exterior son muy limitadas y a costos elevados, máxime cuando se enfrenta un escenario de escasez de diversos productos a nivel global. Esto hace que imponer está exigencia sea muy similar a condenar a numerosas empresas argentinas a reducir drásticamente –o incluso suprimir– sus compras del exterior.

Considerando que buena parte de dichas compras, como se señalara recién, no son bienes terminados sino insumos para los más diversos procesos productivos, esto amenaza con paralizar las operaciones de múltiples ramas de la actividad, dañando severamente a la economía en su conjunto, con su consiguiente perjuicio en materia de empleo, recaudación tributaria y tantas otras variables. Asimismo, la menor oferta de bienes que se derivará de esta medida agregará una presión adicional sobre los precios, agravando así el fenómeno inflacionario.

La transitoriedad que se prevé que tenga la nueva exigencia –algo que no se puede dar por garantizado, considerando tantas otras medidas “de excepción” que en nuestro país acabaron por perpetuarse– no quita que tenga un gran poder de daño en la actual coyuntura, cuando el país hace sus mayores esfuerzos por superar la profunda contracción que sufrió en el marco de la pandemia de covid-19, que se sumó a un estancamiento de 10 años.

La CAC comprende las restricciones que Argentina enfrenta en materia de balance de pagos, pero advierte que la escasez de divisas debe enfrentarse minimizando el impacto sobre la economía, algo que la flamante normativa del BCRA dista de hacer. Vale agregar que las dificultades que las nuevas disposiciones pretenden atender son en buen grado consecuencia de reiterados errores de política económica acumulados a lo largo de los años, que derivan en realidades lamentables como que un país con un enorme potencial energético tenga que destinar ingentes recursos a la importación de combustibles, o que se produzca una permanente huida de la moneda local, con la consiguiente presión en el mercado de cambios.

Por todo lo anterior, la Entidad manifiesta públicamente su rechazo a las nuevas restricciones, y aboga por que a la mayor brevedad posible la operatoria del comercio exterior paulatinamente se normalice, y que se encaren las acciones de fondo que se requieren para que el país se desarrolle, incluyendo la generación de confianza y un clima de negocios adecuado, en beneficio del sector representado y de la economía nacional en su conjunto.