Aunque el Ejecutivo celebra una baja en la inflación mensual —2,8% en abril—, el ajuste que recae sobre los trabajadores se manifiesta con mayor dureza en los ingresos deprimidos y en el avance de la precarización en todo el mercado laboral. El deterioro del poder adquisitivo, la caída del consumo y la postergación de las paritarias se combinan en un escenario donde el empleo no garantiza condiciones mínimas de dignidad.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), dirigido por el economista Claudio Lozano, advirtió que el 42% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones laborales precarias. Esa categoría abarca desde trabajadores sin cobertura legal, hasta personas con empleos mal remunerados o con vínculos contractuales inestables. En el caso de los jóvenes, la situación se agravó: el 71,7% de los trabajadores menores de 30 años sufre precarización.

El relevamiento del IPyPP se basó en los datos del cuarto trimestre de 2024 publicados por el INDEC. Entre sus conclusiones, se destaca que el ingreso promedio de los ocupados alcanzó los 693.153 pesos mensuales a fines del año pasado. No obstante, los cuentapropistas cobraron en promedio 497.325 pesos, mientras que los asalariados informales apenas llegaron a los 402.299 pesos. Ambos grupos se ubicaron muy por debajo de la línea de pobreza, cuyo umbral ya superaba los 900.000 pesos para una familia tipo.

El sector más golpeado fue el del servicio doméstico, con ingresos promedios cercanos a los 210.801 pesos. “Le siguen la rama de Hoteles y restaurantes ($448.911), Servicios Comunitarios y sociales ($486.955) y Construcción ($536.487), con ingresos medios en torno a un 35%, 30% y 23% por debajo de la media, respectivamente”, indicó el informe. La informalidad en estos sectores también resultó alarmante: 76,8% en el servicio doméstico y 73,2% en la construcción.

En el sector privado, el 43,9% de los asalariados trabaja sin registrar. Pero el informe también apuntó contra el Estado: “Resulta por demás grave que el Estado como empleador también recurra a contratar trabajadores bajo relaciones de dependencia encubiertas: en el sector público, el 10% de las y los asalariados no se encuentran registrados como tales”.

Además, el 24,7% de los trabajadores percibe ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esa proporción sube al 33,7% entre las mujeres. Según el IPyPP, «el problema de ingresos y pobreza que sufren las y los trabajadores está muy lejos de ser explicado por la reticencia al trabajo».

El documento también reveló que, incluso entre quienes cuentan con empleo registrado, los ingresos promedio se ubicaron un 8,4% por debajo del valor de la canasta básica total. Para los trabajadores informales, la diferencia fue del 59,9%, y para los cuentapropistas, del 50,5%.

En este contexto, la sobreocupación aparece como una vía forzada para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Para alcanzar un ingreso mensual de 782.130 pesos —un 13% por encima del promedio actual— sería necesario incrementar la jornada laboral en un 47%. Esto refleja una retribución horaria que se ubica un 21,8% por debajo de la media histórica.

Desde el IPyPP propusieron una alternativa basada en la redistribución del tiempo de trabajo. “Si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,9 millones de ocupaciones y se resolvería el desempleo, que afecta a más de 1.400.000 personas”, señalaron en el informe.

La política laboral del oficialismo, al limitar las paritarias y favorecer relaciones laborales más débiles, consolida un escenario donde el trabajo ya no representa una vía efectiva para salir de la pobreza. Mientras tanto, la inflación cede, pero la desigualdad crece.