Los ediles Rodrigo, Aguilera y Pagella, ingresaron en 2008 en el cuerpo deliberativo un proyecto de ordenanza donde se proponía la creación de de un programa de “Corredores Escolares Protegidos” (Ce.Pro).

EL PROYECTO

El texto decía que el programa era “permanente y con dependencia funcional del organismo que el Ejecutivo designe”. Agregaba que el “objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y transito en las calles y avenidas que presentan mayor afluencia de niños y adolescentes en camino a instituciones educativas”.

Los ediles proponían que el Departamento Ejecutivo realice un estudio de campo para establecer cuáles son los caminos más accesibles y con mejores condiciones reales o potenciales de seguridad para la afluencia de los chicos. También remarcaban que esas rutas recibirán el nombre de “Corredores Escolares Protegidos” (Ce.Pro) y que serían identificadas con la demarcación en color verde de los cordones.

La calificación debía basarse en una evaluación de las condiciones de iluminación, higiene, visibilidad, afluencia de gente, accesos, ubicación geográfica, cercanía de otras instituciones de relevancia y distancias a recorrer.

El proyecto también resaltaba que el Ejecutivo designaría agentes municipales –de Defensa Civil, Tránsito, o lo que crea conveniente-, para vigilancia de los caminos y rutas trazadas. También arbitraría los medios para que la Policía participe en la implementación del programa.

Además, la propuesta planteaba algunos deberes para los agentes municipales: cuidar y promover la seguridad vial para prevenir accidentes de transito, intervenir en caso de situaciones violentas o conflictivas, reportar cualquier tipo de anomalía o delito y mantener actualizado el relevamiento urbano del programa.

La puesta en práctica del programa proponía integrar a los alumnos y sus padres y familiares, directivos y docentes, vecinos y comerciantes, foros de seguridad, autoridades del Consejo Escolar, fuerzas de seguridad bonaerenses y a los individuos políticos del Ejecutivo y Legislativo.

También se proponía la creación de jornadas de convivencia y seguridad participativa para todos los involucrados.

Finalmente, el artículo 9 autorizaba al Ejecutivo a realizar reasignaciones presupuestarias para la implementación del programa, y sugería derogar cualquier otra norma que se oponga.

Teniendo en cuenta la urgencia de la problemática de inseguridad en el distrito, el último punto pedía que se reglamente la Ordenanza en un plazo no mayor a los 60 días de corridos a partir del momento de la sanción.

EN EL OLVIDO

Hoy, más de un año después de su ingreso a cuerpo legislativo, nos preguntamos qué pasó y por qué no se sanciona la ordenanza, que fue aprobada por la Comisión de Seguridad, y que desde el ejecutivo municipal se comprometieron a analizarla. La realidad indica que quedó en la nada, que se esfumó, que quedó en el olvido.

En tiempos donde la inseguridad no da tregua, parece que algunos hacen oídos sordos. El viernes en la plaza del Congreso Nacional, se llevó adelante una marcha de familiares de víctimas de a violencia y la inseguridad reclamando medidas y respuestas concretas para esta problemática, y en este distrito, algunos se dan el lujo de darle la espalda a una interesante propuesta.

La última encuesta de La Noticia Web, arrojó que para el 58.9% de los lectores de este portal, la preocupación principal es la inseguridad. Sin embargo, las propuestas interesantes se diluyen, las respuestas no aparecen y se sigue actuando con el diario del lunes, que lamentablemente, siempre dice que alguien fue asesinado.