Son 62 familias afincadas desde hace más de 20 años en un predio privado de Beccar. El Municipio quiere comprar el terreno y otorgar 350 mil pesos a cada una para comprar un inmueble en otro lugar y urbanizar la zona. Críticas de la oposición, que a través del sciolismo presentó un Pedido de Informes. Posse acusó a quienes lucran con las villas de emergencia.
Por César Morielli
La Municipalidad de San Isidro busca reeditar el programa que se utilizó en el barrio “La Horquilla” para relocalizar a vecinos que habían usurpado terrenos para improvisar un asentamiento. La nueva iniciativa sería en el Barrio Uspallata, en Beccar, entre las calles Uspallata, Padre Acevedo y Emilio Solá. 62 familias afincadas en 5 manzanas de 12 hectáreas aproximadamente, linderos con el cementerio privado Los Cipreses, barrios privados, propiedades privadas, y un centro de distribución de la fábrica de lácteos Ilolay.
El Secretario General de Gobierno y Administración de San Isidro, Ricardo Rivas, elevó el proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante y detonó la polémica. Desde el sciolismo tomaron el tema y acusaron al intendente de discriminar y vulnerar derechos. De hecho, en estas horas, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Pablo Fontanet conviven dos proyectos: el del possismo sobre el Plan de Realojamiento Habitacional, y un Pedido de Informes presentado por el concejal Fabián Brest.
El predio comenzó a habitarse hace más de 20 años. El último valor calculado por la Municipalidad para elaborar el proyecto es de 10 millones de pesos, que se ajustará en el mismo porcentaje que aumente la tasa municipal a la fecha de la escritura. Será abonado en 60 cuotas mensuales, iguales, y consecutivas, sin interés. De hecho, a pesar de que el expediente aún no obtuvo el dictamen en Comisión, ya se depositó reserva por 200 mil pesos, válida por 60 días con posibilidad de prorrogarla 60 días más. Lo dice el mismo texto ingresado al HCD.
En el proyecto se dice que hay 23 familias de acuerdo con la propuesta municipal, y 16 que expresaron adhesión pero no firmarán hasta tener la certeza que comience a ejecutarse el programa. Otras 3 familias aportaron sus datos pero no están de acuerdo con la propuesta, y un grupo de vecinos manifestaron no acordar y no aportaron ninguna información.
El concejal Andrés Rolón, vicepresidente del Concejo Deliberante, explicó que el terreno pertenece a un privado y que hay sentencias de desalojo para sacar a las familias asentadas. “Se usaría un subprograma que aparece en el Plan Federal de Viviendas, que se llama Plan Abanico. El Municipio compraría y luego brindaría la posibilidad de comprar una nueva propiedad en otro lado”, manifestó en diálogo con LaNoticiaWeb.
Por lo bajo, en el oficialismo están seguros que detrás hay motivación política de diversos sectores de la oposición para limar la imagen de Gustavo Posse en sus intenciones de ser candidato a gobernador. Cualquier actitud del Intendente será puesta en la picota y están preparados para la utilización política de cualquier iniciativa de la comuna.
UN PÁRRAFO POLÉMICO Y LAS CRÍTICAS DEL SCIOLISMO
En el lugar es imposible construir viviendas para las 62 familias debido a las características del lugar. Por eso, la propuesta es entregar un subsidio de 350 mil pesos para adquirir un inmueble en otro lugar. La oposición acusa que con ese dinero es imposible comprar en San Isidro, y ponen la lupa en un párrafo polémico del proyecto, que dice que es para “la compra o construcción de la solución habitacional elegida, en otro municipio o provincia, como así también ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan, en base a la documentación que puedan aportar y los informes pertinentes de la comisión vecinal representativa de la zona creada a tales efectos, en inmuebles ubicados dentro del partido de San Isidro”.
Pablo Fontanet expresó a LNW que ante la dificultad de encontrar inmuebles a ese costo, seguramente el Municipio será intermediario para la compra ante escribano público que permita a los vecinos no trasladarse del distrito. Sin embargo en la oposición desconfían.
El Subsecretario de Modernización del Estado de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cafiero, dijo que el barrio nunca recibió reconocimiento a pesar de formar parte de la vida del distrito, y que no es un asentamiento precario como dice el oficialismo. “En su momento el Congreso Provincial sancionó una ley de expropiación a favor de los vecinos que los propietarios apelaron y lograron un fallo de inconstitucionalidad por aspectos técnicos de la ley y no por la utilidad sujeta a expropiación, dándole lugar a la necesidad de resolver al estado la situación de los vecinos”, informó el funcionario bonaerense.
Desde el sciolismo motorizaron un informe del Defensor del Pueblo que alertó sobre la negativa de gran cantidad de vecinos a mudarse. En contrario al oficialismo sanisidrense afirma que el 98 % quiere quedarse en el lugar.
“Es una locura el plan de realojamiento. Presentamos un Pedido de Informes para que Posse de una explicación de estos potenciales hechos, prácticas, conductas y decisiones normativas que estarían vulnerando derechos a través de acciones carentes de consensos, de absoluta exclusión y discriminación social. Les ofrece un subsidio para que se vayan a otro distrito u provincia sin darle ninguna oportunidad de quedarse en el lugar donde han desarrollado toda su vida”.
GUSTAVO POSSE: “HAY QUIENES LUCRAN CON LAS VILLAS”
El intendente de San Isidro habló en medios radiales durante el mediodía del martes y explicó la política del gobierno municipal para urbanizar y detener la proliferación de asentamientos.
“Es parte de la política de este gobierno respecto de las villas: urbanizar, relocalizar y no permitir nuevos asentamientos. Este es un municipio que trata de tener la menor cantidad de villas de emergencia posibles, no es una medida criticable”, dijo Posse. El jefe comunal sostuvo que, como consecuencia de esta política, durante la última década bajó entre un 35 y un 39 por ciento la cantidad de villas, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires se registró un incremento de un 130 por ciento.
Posse explicó la situación del barrio Uspallata. “Hacemos un gran esfuerzo económico y gestiones para que los ocupantes que conformaron esa villa de emergencia tengan la posibilidad de elegir otro lugar donde vivir, afuera o adentro de San Isidro, pero siempre dentro de la legalidad”, detalló.
El intendente de San Isidro fustigó duramente a quienes intentan sacar rédito político de las carencias de las personas que viven en situación de villa: “Hay gente que desde la política quiere que siga habiendo villas de emergencia, creen que mientras las personas sigan sufriendo la miseria, son utilizables. Mi posición siempre fue ayudar a que no haya villas de emergencia y que el día que nos voten, nos voten porque quieren. No los utilizamos para movilizarlos el día de las elecciones”.

