La salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) marcó un nuevo capítulo en las disputas internas del Gobierno. La posible designación del fiscal federal Paul Starc como su reemplazo generó controversias, tanto dentro como fuera del oficialismo. Su figura, cargada de cuestionamientos, despierta dudas sobre su capacidad para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de activos.

 

El desplazamiento de Yacobucci fue el desenlace de semanas de rumores que cobraron fuerza tras una publicación que reveló presiones por parte de Santiago Caputo, asesor presidencial, para evitar intervenciones en causas judiciales ligadas al kirchnerismo. La situación se agravó con críticas desde Casa Rosada, que señalaron a Yacobucci por sus frecuentes viajes en primera clase sin autorización y un desempeño cuestionado en las relaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Sin embargo, el nombramiento de Starc no parece garantizar mejoras en la percepción internacional. Aunque cuenta con una extensa trayectoria judicial, su historial está salpicado de polémicas que generan inquietud sobre su idoneidad.

 

Starc, hijo del brigadier Luis Starc, figura vinculada a Alfredo Yabrán, comenzó su carrera judicial en 1988. Desde entonces, ocupó diversos cargos en el sistema judicial, destacándose como fiscal federal adjunto y luego como fiscal federal titular. Su paso por la gestión pública, durante la gobernación de Daniel Scioli, quedó marcado por el caso Pomar, un episodio que evidenció graves desprolijidades en las investigaciones policiales.

 

Además de sus antecedentes judiciales, su vida personal agrega un matiz de tensión a su designación. Starc fue pareja de María Eugenia Talerico, exdirectiva de la UIF entre 2016 y 2019. Talerico, crítica del oficialismo, cuestionó públicamente el rol de Caputo, a quien describió como “la persona de este gobierno llamada a hacer las cosas que institucionalmente están mal”.

 

Desde Casa Rosada desestimaron las críticas y defendieron las decisiones tomadas, asegurando que “todo marcha acorde al plan”. No obstante, la elección de una figura tan polémica como Starc plantea interrogantes sobre las prioridades del Gobierno en la lucha contra el lavado de activos y la transparencia institucional.