El senado bonaerense había aprobado el proyecto de ley de la justicialista Mónica Litza, sin embargo, seguramente será rechazado en la cámara de diputados. Este proyecto contempla la posibilidad de sancionar con trabajos comunitarios, otorgando la “probation”, a quienes cometan delitos que tengan un castigo máximo de seis años.

El sistema de “probation” que propone la senadora Litza, se trata de una suspensión del juicio a prueba para ciertos casos de robos sin arma, hurtos y estafas. La intención de esos beneficios es descongestionar a la Justicia Correccional. Sin embargo, desde el gobierno no ven con buenos ojos este proyecto y creen que no puede sancionarse tal como está redactado actualmente, por lo tanto es improbable que sea aprobado en la cámara de diputados.

La intención es no desautorizar a Litza. Por lo tanto, seguramente se proponga una modificación integral del proyecto y el resultado final sería muy distinto del escrito inicial que entregó la senadora. Lo cierto es que no desoirán el reclamo de la semana pasada, donde miles de presos de casi la mitad de las cárceles bonaerenses realizaron huelgas de hambre reclamando mayor celeridad en los procesos judiciales, ya que la mayoría no tiene condena firme. Hoy por hoy, el 83% de presos en cárceles bonaerenses aún no tienen condena firme. La mitad carece de una sentencia de primera instancia. A esto se le agrega el comunicado de la Cámara de Casación Penal, que se declaro en emergencia laboral y con 4000 expedientes atrasados.

Desde la Suprema Corte Bonaerense y el Ministerio de Justicia se encargaron de marcar distancias. También el propio Gobierno aclaró que la sanción del Senado los había tomado "por sorpresa". Eduardo Di Rocco, ministro de Justicia de la provincia, dijo que la propuesta que ya había aprobado el Senado es "inconstitucional". "A la probation la regula el Código Penal. Es legislación de fondo, sólo el Congreso de la Nación lo puede modificar. Este proyecto es de muy dudosa constitucionalidad", dijo ayer Di Rocco. Y agregó: "Para delitos de más de tres años, la probation ya se está aplicando en la provincia. Se utiliza cuando la pena en expectativa (la que se espera que pidan los fiscales) no supera los tres años. Este criterio permitió ampliar el beneficio a casos concretos donde la gravedad no es tan intensa".

"Actualmente los delitos menores saturan los juzgados y esta norma apunta a que los fiscales puedan investigar aquellos delitos que tienen más impacto social", había dicho la senadora Litza en defensa de su proyecto. Y agregaba: "Cualquier denuncia va a la comisaría y se transmite a los fiscales, que se ocupan de todo. Ellos deben abrir una causa por una pelea entre vecinos, la rayadura de un auto o el robo de un yogur. No hay que tratar a todos los delitos con la misma vara".

Según datos oficiales, casi el 22% de las denuncias que ingresan a la Justicia Penal son por hurto, y los robos representan un tercio de los casos que llegan a los Tribunales.

LA SITUACION DE LA JUSTICIA EN FRASES

Los presos se levantaron en huelga de hambre para quejarse porque les fijan fecha de juicio para el 2013. Los jueces del Tribunal de Casación Penal salieron a denunciar que están en estado de "emergencia". Los ministros de la Suprema Corte provincial hablaron de "colapso y saturación". Una cifra inversamente proporcional: mientras cada vez más gente cae presa, el presupuesto es cada vez más bajo.

El Poder Ejecutivo provincial admite que la plata destinada al servicio de Justicia no es la ideal. Acusan falta de dedicación al trabajo de muchos jueces.

En 2002 el presupuesto destinado a la Justicia representaba el 5,83% del gasto provincial (546 millones de pesos sobre 9.300 millones). En 2006 fue un 20 por ciento más baja: 4,70% (1.058 millones sobre 22.418 millones). Hay partidas extras a ser asignadas que elevarán el presupuesto judicial a 1.130 millones. Representaría un 5% del presupuesto provincial, que sigue siendo menor al de 2002. El gasto total de la provincia aumentó un 140%, y el de la Justicia sólo un 85%. Entre el 85 y el 90% de la plata está destinada a pagar sueldos. Ni un centavo se dedicó este año a infraestructura. La capacitación del personal e informatización del sistema temas pendientes.

A principios del mes pasado, el nuevo presidente de la Corte, Francisco Roncoroni, admitió: "Somos los actores de una Justicia lenta e ineficaz. El producto que brindamos a la gente es malo". Luego señaló que tienen 1.500 expedientes sin resolver.

Sin embargo, las cárceles están cada vez más llenas. En 2002 los presos bonaerenses eran 18.931. En 2005 fueron 24.800. Y este año, son 28.500. El 83 % de ellos no tiene condena firme. Y más de la mitad lleva dos años esperando que un juez diga si son culpables o no. Al menos un tercio de esta gente que hoy está sin condena pasará dos años en prisión para ser declarada inocente. En el Tribunal de Casación Penal provincial, hay 6.000 causas atrasadas.

Un Tribunal de La Plata realizó sólo seis juicios en el año, mientras que otro del distrito hizo 12 en un trimestre.