Poder Ciudadano se manifestó este lunes sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el recurso extraordinario de per saltum pedido por el juez Germán Castelli, uno de los desplazados por el kirchnerismo, y aseguró, mediante un comunicado, que ve con «preocupación» las manifestaciones y declaraciones que buscarían «influir, presionar y/o amenazar» a los ministros del máximo tribunal.

«Observamos con preocupación la expresión no solo de manifestaciones y declaraciones que son intentos explícitos e improcedentes que buscarían influir, presionar y/o amenazar con sanciones a los jueces de la Corte Suprema, sino también de opiniones sosteniendo que la Corte Suprema respetará la Constitución dependiendo del contenido del fallo por venir», aseguró la fundación.

Al respecto, Poder Ciudadano advirtió que «desconoce en qué sentido se expedirá la Corte Suprema» en el caso y pide que «aunque la historia argentina no sea pródiga en el respeto a la Constitución y a las leyes» los funcionarios, políticos y ciudadanos «no pongan en riesgo» el entramado constitucional «por no ajustarse a las expectativas o deseos de cada cual».

«El respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de una vida institucional sana y de una democracia de calidad», agregó.

Poder Ciudadano, que se autodenomina como una fundación «apolítica», afirmó también que «desde 1989 trabaja en pos del respeto a la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia» y que por eso «busca contribuir a que los funcionarios y los políticos ajusten su comportamiento a las leyes y los procedimientos».

«El abuso del poder -incluyendo la violación de la separación de poderes- siempre vulnera los derechos de la ciudadanía», añadió.

Y remarcó que «las distintas opiniones e intereses» que generan «discrepancias» en este tema hacen que el conflicto político sea «inevitable» y, a su vez, «en el marco de una democracia es, además, saludable» que ello suceda.

«Se amplía el menú de alternativas a considerar y se enriquece la vida ciudadana. Pero para que esas diferencias puedan procesarse y los diferentes grupos puedan seguir conviviendo en paz, tienen que existir mecanismos que resuelvan los conflictos. En las democracias modernas, esas instancias las establece la Constitución de cada país, así como las instituciones y las leyes que emanan de ella», explicó.

Sobre eso, subrayó que «en la Argentina, como en muchos otros países, para decidir quién gobierna se cuentan los votos y para decidir sobre las controversias jurídicas la Constitución establece que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

«El respeto a esos principios constitucionales hace a la salud y al desarrollo institucional de un país: se respetan las decisiones del gobierno -independientemente de si me gusta o no quién es el presidente y las políticas que implementa- y se respetan las decisiones de la Corte Suprema -independientemente de si me gustan o no quiénes la integran y el contenido de sus fallos-. Estas premisas deben ser válidas tanto para el oficialismo como para la oposición, tanto para el ciudadano como para el funcionario, tanto para la sociedad civil como para el Estado», concluyó.