Por Luis Parodi, de Unión por Todos, precandidato a Intendente de la Coalición Cívica en Vicente López

Además de denotar el fracaso escandaloso del sistema bipartidista en el país (PJ y UCR repartiéndose prebendas, puestos públicos y privilegios, pero sin una clara línea ética y republicana, de progreso, desarrollo e inclusión social), también es una palmaria muestra de lo que un sistema corrupto de construcción de viviendas sociales puede generar.

Para cartón lleno, basta decir que el grueso de las políticas sociales de los últimos años no han sido más que clientelismo asistencialista que lo que logra como en la antigua edad media es “adscribir a los siervos a la tierra” o lo que es lo mismo, someterlos a la dádiva o el favor del puntero o político de turno. Esto por el simple hecho de que un trabajo digno, libera e independiza al que depende del puntero de turno. Esta es la moderna esclavitud latinoamericana llevada a la perversa perfección argentina no importa si la provincia de turno es gobernada por PJ o UCR. Es una práctica que debe cesar si queremos progresar.

Por otro lado, es imposible garantizar el orden y la seguridad con descabezamientos periódicos de las fuerzas policiales y de seguridad, y con una justicia que no tiene una idea clara de lo que significa la protección del espacio público y de la propiedad privada.

Ningún país puede progresar en la anarquía. Es necesario el imperio de la ley y el orden republicano, porque sino el riesgo que se corre es que colapse el sistema de partidos políticos y se pase a experiencias semi dictatoriales al estilo venezolano en su “camino al socialismo” sistema que ya no existe en sentido estricto en ningún país del mundo.

En mi humilde opinión la solución de fondo pasa, entre otras cosas, por:

1) Un plan federal de viviendas que contemple las reales necesidades de todas las provincias y municipios del GBA, que combinado con planes de desarrollo regional, morigeren el flujo de emigración interna y externa a la región del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires).

2) Una clara definición de los 3 niveles del estado en el sentido que no será elegible para los beneficios de un plan federal de viviendas, planes trabajar, beneficios por hijo o lo que fuere, el que ocupe tierras públicas o propiedad privada.

3) Crear un organismo de control de ejecución de las viviendas sociales con participación de ONG y los principales partidos de oposición, con un riguroso control de las condiciones de los pliegos y una inflexible penalización para aquellas constructoras que no cumplan con los mismos. Si la razón del incumplimiento (la mala calidad de la construcción) es la coima que se paga al funcionario o político de turno que certifica los pagos, esas coimas tendrán que cesar. Es vital para nuestro futuro como país crear un riguroso sistema de inspecciones de la ejecución de las viviendas sociales.