Con el envío de nuevos nombramientos judiciales, el Gobierno comenzó a mover fichas en un terreno sensible: la relación con los tribunales. La primera tanda de pliegos impulsada por Juan Bautista Mahiques ya ingresó al Senado y empezará a debatirse en las próximas semanas, en medio de un contexto atravesado por denuncias que salpican a Javier Milei, Karina Milei y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hasta ahora, la Cámara alta recibió 48 postulaciones dentro de un paquete más amplio que incluye 62 candidaturas. En ese conjunto, se advierten señales dirigidas al Poder Judicial en un momento de alta tensión institucional.

Entre los casos más relevantes aparece el pedido de acuerdo para que Carlos Alberto Mahiques continúe al frente de la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado ya ocupa ese lugar, pero la iniciativa enviada por el propio Javier Milei busca garantizar su permanencia antes de que alcance los 75 años en noviembre, edad que marca el límite constitucional. De concretarse, podría seguir otros cinco años en uno de los cargos clave del fuero penal.

El planteo fue remitido en febrero. Carlos Alberto Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, integra además la Sala III del máximo tribunal penal, lo que refuerza el peso político de su continuidad dentro del esquema judicial.

Dentro de la nómina también aparece un nombre que llamó particularmente la atención: Emilio Rossati, identificado como el postulante número 24. Se trata del hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y su candidatura apunta a cubrir una vacante en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de origen del magistrado.

La inclusión fue interpretada como un gesto hacia el titular del máximo tribunal, luego de las fricciones que marcaron el vínculo entre la Casa Rosada y la Corte durante los primeros años de gestión. Aquellos choques se vincularon, entre otros episodios, con los intentos de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, una estrategia cuya responsabilidad política Karina Milei adjudica a Santiago Caputo, quien hasta hace poco manejaba el área judicial.

De acuerdo a versiones difundidas, Mahiques habría transmitido a los jueces de la Corte que el Ejecutivo no avanzará por ahora en la cobertura de vacantes en el tribunal. Esa señal aportaría previsibilidad a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en momentos en que el cuerpo redefine su equilibrio interno de poder.

Otro movimiento que fue leído como acercamiento al ámbito judicial es la postulación de María Julia Sosa, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, uno de los jueces que participó del polémico viaje a Lago Escondido.

En paralelo, también comenzó a circular el nombre de Ana Juan como posible candidata a ocupar un juzgado vacante. Su vínculo con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene bajo su órbita la causa $Libra, no pasó desapercibido. Ese expediente genera preocupación dentro del Gobierno, más allá de los intentos públicos por restarle relevancia, y mantiene bajo la lupa la actuación del fiscal Eduardo Taiano.