La disputa por los recursos siempre definió las reglas del juego en la política. Mientras el financiamiento de campañas ocupa el centro de la escena, el uso del aparato estatal para sostener estructuras militantes opera en las sombras. En ese plano, el control del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires quedó en manos del entorno directo de Pilar Ramírez, legisladora porteña con línea directa a Karina Milei.

Ramírez, que transcurrió gran parte de su carrera dentro del peronismo, logró colocar a figuras cercanas en al menos cuatro agencias porteñas del Instituto entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Esa maniobra se enmarca en la estrategia nacional de La Libertad Avanza, que busca ocupar espacios con su militancia más fiel, sin importar el perfil técnico de los designados.

En la organización que conduce Máximo Kirchner descartaron que Ramírez haya tenido un rol político en La Cámpora. “Era un cuadro técnico. Luego, por sus circunstancias personales y familiares terminó en La Libertad Avanza. Nunca fue militante ni adherente ni menos dirigente de La Cámpora”, señalaron. La alusión familiar apunta a su esposo, Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y estrechamente vinculado a los hermanos Milei.

Uno de los primeros en beneficiarse con esta red fue Ignacio Martín Fioriti, estudiante de Abogacía y secretario de actas de La Libertad Avanza en 2021. Desde el 8 de octubre de 2024, dirige la Agencia PAMI 4 en la Ciudad. Fioriti forma parte del equipo de Ramírez y trabaja junto al jefe de campaña porteño, Juan Pablo Scalese. En sus redes sociales, Fioriti aparece en recorridas con Manuel Adorni, hoy candidato a legislador.

Ramírez lo destacó públicamente en una publicación: “Gracias, @JMilei, @KarinaMileiOk y @MenemMartin por confiar en mí. Junto con @JuampiScalese, @FioritiNacho y un equipo preparado vamos a llevar las ideas de la libertad a cada punto de la Ciudad y a darle pelea al Partido del Estado. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

Scalese, a su vez, promovió a su cuñada, Anabella Rossi Legnazzi, profesora de gimnasia con especialización en Box Fit, quien quedó a cargo de la Agencia 3 desde el 15 de noviembre de 2024. En ese espacio comparte titularidad con una empleada de planta permanente.

Otro caso llamativo fue el de Miguel Eduardo López, ex integrante de la fallida Policía Metropolitana, que asumió al frente de otra agencia porteña en octubre. López, de más de 70 años, pasó por la fuerza comandada por Jorge “Fino” Palacios y tuvo participación en empresas de seguridad con contratos en la Ciudad, a pesar de varias denuncias. Su nombre figura vinculado a la firma Murata S.A., beneficiada durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

El 5 de febrero de este año, Ramírez designó a José Ignacio Lobaiza como titular de la Agencia 10. En paralelo, Lobaiza figura como asesor legislativo de la propia Ramírez, junto a Ana María Juárez y María Zambruno. En su historial aparece un paso por la Auditoría Interna del Ministerio de Espacio Público porteño. La jefa de despacho de Ramírez es Andrea Freguía, cuarta en la lista de candidatos a legisladores porteños por LLA.

Estas maniobras no se limitaron a la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, la diputada Romina Diez replicó el esquema. Allí designó a Martín Tomassini, un personaje multifacético que se desempeñó como gasista y stripper, para liderar el PAMI en esa provincia. Las críticas forzaron a frenar su nombramiento, pero la tendencia siguió.

El 27 de febrero, los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron un pedido de informes sobre los nombramientos en el PAMI santafesino. El texto apunta a unos 15 candidatos de La Libertad Avanza que pasaron a planta permanente sin concurso. Entre las preguntas figuran si cumplieron con la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” y si presentaron la declaración jurada de incompatibilidades. El gobierno nacional no dio respuesta.

Paulón afirmó: “Muchos de los nombrados son candidatos de LLA y pasaron directamente a planta permanente con sueldos que superan los tres millones de pesos. Todo esto sin que haya concurso, ni antecedentes”. El diputado calificó la situación como una “doble vara”, ya que a otros trabajadores del PAMI se les tomaron exámenes y fueron despedidos aun habiendo aprobado.

El uso político del Instituto también alcanzó a Jujuy. El diputado Manuel Quintar fue denunciado por supuestamente derivar a afiliados con discapacidad a su consultorio médico privado “Los Lapachos”, bajo su control.

A la par, el Boletín Oficial del PAMI publicó que se convocó una compulsa para unificar oficinas del programa “PAMI Escucha y Responde”. Solo se presentó Inversora Eslava S.A., propiedad de la familia Pocovi. El contrato acordó un alquiler mensual de 75 millones de pesos, con ajuste semestral.

El informe oficial advirtió que el valor locativo propuesto superó en un 15,63% la tasación interna. Además, las refacciones necesarias podrían llegar a mil millones de pesos. Por la gestión del contrato, la inmobiliaria de Miriam Campos cobrará 46 millones de pesos. Campos y Marcelo Pocovi, titular de la firma locadora, figuran como socios en la empresa Los Laureles S.A.

El apellido Pocovi también aparece en la órbita política. Kevin Pocovi, hijo de Marcelo y vocero de la empresa, viró su apoyo desde Victoria Villarruel hacia el presidente Milei. Como premio, acompañó al mandatario en un viaje a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, definió el fenómeno con crudeza: “El PAMI es una caja política desde hace muchos años, y todas las gestiones financian sus cuestiones políticas desde PAMI”.