La Procuraduría de Investigaciones Administrativas avanzó contra el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Su titular, Sergio Rodríguez, solicitó que la Justicia cite a indagatoria a Andrés Vázquez por presuntas irregularidades en su patrimonio declarado. El planteo sostuvo que el funcionario “omitió maliciosamente” informar tres departamentos en Miami valuados en más de dos millones de dólares.

El pedido quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y deberá ser evaluado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Según la presentación, “sin duda alguna, incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”. Ese delito contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El avance judicial se produjo en un clima de tensión dentro del oficialismo. En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre otros funcionarios por inconsistencias patrimoniales. También impactó la reciente salida de un secretario del Gobierno tras revelarse propiedades no declaradas en Estados Unidos.

La investigación sobre Vázquez tomó impulso a partir de informes periodísticos que expusieron la compra de inmuebles en Florida mediante sociedades radicadas en el exterior. Los datos indicaron que las operaciones se realizaron en 2013 y superaron los dos millones de dólares, sin figurar en las declaraciones juradas presentadas ante organismos oficiales.

Los registros analizados por la PIA señalaron que dos de esas propiedades quedaron bajo control de estructuras societarias con base en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas. Ese esquema incluyó firmas intermediarias que permitieron concretar las adquisiciones en Miami. Los documentos también vincularon direcciones y datos personales del funcionario con esas compañías.

Vázquez construyó su carrera dentro del organismo tributario. Ingresó en 1990 y escaló hasta ocupar áreas sensibles vinculadas a la inteligencia fiscal. Su perfil se mantuvo reservado durante años. Distintas fuentes lo ubicaron dentro de un esquema de poder basado en el manejo de información estratégica.

El funcionario llegó a la conducción del organismo recaudador tras una serie de movimientos internos. Antes ocupó la titularidad de la Dirección General Impositiva. Su designación contó con respaldo del entorno presidencial y de sectores que impulsaron un modelo de control apoyado en el cruce de datos.

La trayectoria de Vázquez incluyó antecedentes judiciales. La Justicia lo investigó por presunto crecimiento patrimonial en el pasado. Esa causa no avanzó por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, nuevos elementos volvieron a ubicar su nombre bajo análisis.

Las pesquisas actuales también revisaron el uso de sociedades offshore. Entre ellas figuraron Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, registradas en Panamá. A través de esas firmas se canalizaron inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Otra compañía, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, apareció como controlante del esquema.

Los documentos relevados mostraron coincidencias entre domicilios declarados por el funcionario y direcciones asociadas a esas sociedades. También surgieron vínculos familiares dentro de la estructura empresarial. Según los registros, el control de algunas propiedades continuó en manos del entorno cercano.

Pese a esos indicios, las propiedades y participaciones societarias no figuraron en las presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción. La normativa vigente obliga a los funcionarios a informar la totalidad de sus bienes. La omisión de datos puede configurar un delito penal.

El caso sumó otro foco de atención por decisiones internas dentro del organismo. Vázquez promovió a su pareja a cargos jerárquicos poco después de asumir funciones. Ese movimiento generó cuestionamientos dentro de la estructura administrativa.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al titular de ARCA frente a las denuncias. En una entrevista, sostuvo que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”. También defendió su continuidad al señalar que “es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”.

La causa quedó ahora en etapa de definición judicial. El expediente deberá determinar si existió ocultamiento patrimonial y si corresponde avanzar con nuevas imputaciones. Mientras tanto, el foco se mantuvo sobre el manejo de bienes en el exterior por parte de funcionarios del Gobierno.