La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, suma un nuevo capítulo en el incumplimiento de sentencias judiciales que afectan directamente a la población más vulnerable. En esta oportunidad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recurrió nuevamente a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para exigir el cumplimiento de una resolución que obliga al ministerio a garantizar alimentos a los comedores y merenderos. También solicitó que se investigue a Pettovello por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Federal N° 7, intimó al Ministerio de Capital Humano a acatar la medida en un plazo de tres días hábiles y advirtió sobre posibles sanciones. «Habida cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias, intímese al Estado Nacional (…) a incorporar de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil ‘El Amanecer de los Cartoneros’, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias», señala la resolución judicial firmada este miércoles.

El conflicto comenzó tras la suspensión de programas alimentarios fundamentales para más de 60 comedores vinculados a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, decisión tomada por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión en diciembre de 2023. Desde entonces, las organizaciones sociales han enfrentado maniobras dilatorias del ministerio que incluyen requerimientos de validaciones y documentación ya presentadas en múltiples ocasiones.

Según el CELS, el Ministerio de Capital Humano presentó un escrito el 13 de noviembre donde justificó el retraso en la entrega de alimentos alegando la necesidad de realizar inspecciones adicionales, a pesar de que los comedores ya habían sido certificados territorialmente meses atrás. Esta estrategia fue calificada por el organismo como un claro acto de «temeridad y malicia», destinado a entorpecer el cumplimiento de la medida cautelar dictada en octubre pasado.

Además, el CELS solicitó que el expediente sea remitido al Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, donde Pettovello ya enfrenta una causa penal impulsada por el dirigente social Juan Grabois. En esa instancia, se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La situación tomó un giro significativo cuando el juez Lavié Pico instó a la ministra a cumplir con la sentencia. Sin embargo, desde el ministerio, lejos de acatar, han planteado nuevos obstáculos. En una nota del 13 de noviembre, la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias afirmó que visitará los comedores para evaluar su inclusión en el programa, exigiendo documentación adicional que, según el CELS, ya fue presentada y reconocida previamente por el propio Estado.

El CELS destacó que «no surge de ninguna de las normas vigentes la necesidad de volver a realizar visitas en territorio» y agregó que más de 66 comedores fueron certificados entre mayo y septiembre de este año. «Resulta profundamente indignante que el Ministerio enumere documentación que ya fue entregada el 11 de julio y el 18 de septiembre de 2024. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta alguna ni número de expediente administrativo,» remarcaron en el escrito judicial.

La raíz del conflicto se remonta al fallo del juez Walter Lara Correa, quien en octubre dictó una medida cautelar ordenando al ministerio que no alterara los planes alimentarios existentes. En noviembre, reafirmó el derecho a la alimentación como un pilar esencial para garantizar igualdad y evitar discriminación. «La continuidad de las políticas alimentarias no es un privilegio, sino una herramienta para cumplir con el principio de igualdad,» sentenció Lara Correa.

El incumplimiento de Pettovello no solo afecta a los comedores vinculados a Amanecer de los Cartoneros, sino que también abre la puerta a reclamos de otras organizaciones que enfrentan situaciones similares. En este contexto, el CELS pidió a la Justicia que ordene la incorporación inmediata de los comedores afectados al Programa Alimentar Comunidad, junto con la entrega de las tarjetas virtuales necesarias para garantizar el suministro. Además, solicitó que se impongan sanciones disciplinarias y penales a los responsables del ministerio.