El ministro de Defensa, Luis Petri, se desmarcó de la decisión de dar de baja a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad. Aseguró que la medida responde al «cumplimiento de sentencias firmes» y no a una «decisión política». En la misma publicación en su cuenta de X (Twitter), anunció su intención de cerrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), organismo estatal creado hace 33 años y considerado clave en la restitución de la identidad de personas secuestradas durante la última dictadura.

«La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los ‘grupos de trabajo’ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi», afirmó Petri.

Ante las críticas de sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, el ministro insistió en que la baja de los oficiales retirados fue una disposición judicial: «No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia». Además, defendió el rol de las Fuerzas Armadas y señaló que «con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas».

El posible cierre de la Conadi ha generado rechazo en organizaciones de derechos humanos, que advierten que dificultaría la identificación de personas apropiadas durante la dictadura y podría favorecer la impunidad. Creada en 1992, la Comisión funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y ha sido clave en la recuperación de la identidad de 139 nietos mediante investigaciones basadas en análisis genéticos, documentación y testimonios.

La baja de represores del Ejército dispuesta por Petri incluyó a cuatro generales y 19 coroneles retirados, todos condenados por delitos de lesa humanidad. La decisión, oficializada en la resolución 72/2025, respondió a un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre los afectados se encuentra el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, así como los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

El documento firmado por Petri cita un oficio de la PIA del 30 de octubre pasado que solicitó la baja de oficiales con condena firme por crímenes de lesa humanidad, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional y el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la facultad de disponer retiros y bajas de oficiales superiores. La Procuraduría recordó que separar a agentes implicados en violaciones graves a los derechos humanos es una «obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho internacional».

La decisión generó tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y sectores afines al gobierno, que rechazaron la medida. Además de los cuatro generales, fueron dados de baja los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.