Los datos son elocuentes: según un informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral, en todo el país hay inscriptos 716 partidos políticos (entre nacionales y de distrito), lo que significa un 43% más de los que había en 2001, cuando estalló la mayor crisis económica y social de las últimas décadas, que marcó un punto de inflexión en la credibilidad de la gente en la política.

Desde entonces, la participación de los ciudadanos en actividades partidarias cayó en picada, a tal punto que en las últimas elecciones presidenciales sólo el 72% de los ciudadanos se acercaron a las urnas a elegir un candidato. Fue el índice más bajo desde 1928.

En este contexto de indiferencia generalizada resulta también contrastante la alta cantidad de afiliados: según el informe de la Cámara Electoral, más de 8 millones de ciudadanos están inscriptos en un partido, un 30% del total del padrón electoral.

El ranking de agrupaciones nacionales con más afiliados es encabezado por el Partido Justicialista, con 3,6 millones, y la Unión Cívica Radical, con 2,5 millones, pese a vivir una profunda crisis.

Resulta evidente que estas cifras se dan de bruces con la realidad. Por esa razón, el Gobierno pretende impulsar una reforma en los partidos, con el argumento de corregir las falencias que demuestra el sistema, tal como informó La Nacion la semana pasada.

Si bien coincide con la necesidad de aplicar reformas, la oposición teme que la estrategia del kirchnerismo sea, en realidad, puro maquillaje para erradicar del mapa político a los partidos chicos. Algunos dirigentes recuerdan la experiencia de la reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada con bombos y platillos por la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y por la cual se disminuyó el número de miembros para favorecer, a su juicio, al oficialismo.

La oposición sostiene que una verdadera reforma política pasaría, entre otras cosas, por la eliminación de las llamadas listas colectoras, que inundaron de boletas los cuartos oscuros en las últimas elecciones presidenciales y que sirvieron para consolidar el poder kirchnerista.

Estas listas colectoras, sumadas a otras decenas de partidos políticos participantes, provocaron un verdadero caos para el votante en el cuarto oscuro. Así, la Cámara Nacional Electoral lanzó un llamado de atención a los partidos "por los inconvenientes con que se enfrentaron los votantes".

"Creemos que ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral, en la cual el votante marca la opción elegida. Es el que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior", propusieron, al introducir el informe, el presidente del cuerpo, Rodolfo Munné, su vicepresidente Alberto Dalla Via y el juez Santiago Corcuera.

UN SISTEMA ATOMIZADO

Más allá de qué tipo de reforma se instrumente finalmente, lo cierto es que el sistema actual de partidos políticos evidencia múltiples problemas, uno de los cuales es la proliferación de agrupaciones.

Esto obedece, en buena parte, a que en 2002 se flexibilizó uno de los requisitos para crear partidos: se derogó una cláusula que establecía la caducidad inmediata de aquellos que no alcanzaran en dos elecciones consecutivas al menos el 2% de los votos sobre el padrón electoral.

Así, a partir de 2003 y hasta 2007, un récord de 400 partidos fueron reconocidos como tales. Según el informe de la Cámara, en la actualidad la Capital Federal y Buenos Aires lideran el ranking de distritos con más agrupaciones políticas, con 67 y 66 partidos respectivamente. Los siguen Córdoba (45), Formosa (35) y Catamarca (33).

Esta multiplicación de partidos, consecuencia imprevista de la reforma de 2002, motivó que cuatro años después y con las consecuencias a la vista los legisladores decidieran volver sobre sus pasos: en diciembre de 2006, restablecieron por ley ese piso del 2 por ciento.

Pero, en el medio, muchas agrupaciones y "sellos de goma" se crearon, se financiaron y se siguen financiando del Estado, que cada año destina a todos los partidos recursos para su sostenimiento (aportes partidarios permanentes) y, en los años electorales, fondos para sus campañas y para la impresión de boletas.

El financiamiento público ha sido una de las principales motivaciones para que se fundaran nuevos partidos. A esto se suma que, desde 1985 (hace 23 años) no se actualiza el requisito de avales que se necesitan para crear una agrupación política.

Según la ley 23.298, un partido de distrito requiere la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el registro electoral correspondiente, con un tope máximo de un millón de firmas.

Los partidos de distrito reconocidos que resolvieren actuar en cinco o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política pueden solicitar su reconocimiento como partido a nivel nacional, dice la norma.

LAS SANCIONES

Si bien muchos partidos políticos fueron creados en estos últimos años, muchos otros también sufrieron sanciones e incluso caducaron como tales por no cumplir con los requisitos vigentes en la ley.

Por el control que realiza la Cámara Electoral, 68 partidos caducaron en 2004; 45, en 2005; 50, en 2006 y otros 48, en 2007.

La mayoría de las caducidades se produjeron porque las responsables partidarios no presentaron los libros contables correspondientes ni el acta de designación de autoridades.

Otro dato llamativo del informe de la Cámara Nacional Electoral es que no todos los partidos políticos creados participaron en las elecciones, y mucho menos obtuvieron alguna representación parlamentaria.

Por tomar un distrito, en la Capital, en 2005, había 67 partidos reconocidos, pero sólo 26 (22 de los cuales compitieron en alianzas) obtuvieron representación en la Cámara de Diputados, según el informe. Estos datos constituyen la base del análisis que por estos días realiza el Ministerio del Interior, que conduce Florencio Randazzo, con miras a una futura reforma.

Una ronda de consultas informal con partidos de la oposición ya comenzó en el Congreso, aunque la palabra final la tendrá la presidenta Cristina Kirchner.