El debate sobre la muerte asistida volvió a instalarse en el Congreso luego de que el diputado nacional de Unidos, Esteban Paulón, presentara un proyecto de ley que propone legalizar esta práctica en la Argentina. La iniciativa contempla la creación de un régimen integral que permita acceder al procedimiento bajo estrictos controles médicos y legales.

Según el texto impulsado por el legislador, toda persona que atraviese determinadas condiciones de salud podrá solicitar asistencia médica para morir, siempre que la decisión sea tomada de manera libre, consciente e informada. Además, el proyecto incorpora la práctica como una prestación obligatoria dentro del sistema sanitario, por lo que debería ser cubierta tanto por hospitales públicos como por obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La propuesta establece dos modalidades diferenciadas. Por un lado, la eutanasia, que implica que un profesional de la salud administre una sustancia letal a pedido del paciente. Por otro, la muerte asistida, donde la persona se autoadministra el medicamento previamente indicado por un médico. Para acceder, se fijan condiciones específicas: padecer una enfermedad grave e irreversible o un cuadro crónico que provoque un sufrimiento intolerable, haber expresado reiteradamente la voluntad y contar con consentimiento plenamente informado.

Porque morir con dignidad también es un derecho. pic.twitter.com/Z3oaA7A6oZ

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 27, 2026

El proyecto también prevé distintas instancias de evaluación antes de concretar el procedimiento. En primer término, interviene el médico tratante y luego un equipo interdisciplinario encargado de acompañar al paciente y constatar su capacidad de decisión. Posteriormente, debe participar un profesional independiente y, finalmente, una comisión evaluadora que tendrá la obligación de emitir un dictamen previo.

“La persona debe realizar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento sin ningún requisito formal”, explicó Paulón al referirse a los alcances de la iniciativa. Asimismo, el diputado señaló que el texto reconoce el derecho de dejar establecidas directivas anticipadas.

En relación con los trabajadores de la salud, el proyecto habilita la objeción de conciencia individual para quienes no deseen intervenir en estos procedimientos. Sin embargo, la propuesta aclara que las instituciones médicas no podrán utilizar ese argumento para negar el acceso al servicio, con el objetivo de asegurar la disponibilidad efectiva de la práctica.

De avanzar en el Congreso, el proyecto abriría un nuevo debate parlamentario sobre los alcances del derecho a decidir en situaciones de sufrimiento extremo y el rol del Estado en la regulación de este tipo de prácticas médicas.