Amnistía Internacional (sede Argentina) presentó su informe titulado “Disenso en riesgo”, que detalla las cifras alarmantes de hechos represivos ocurridos en el marco del ‘Protocolo Anti-piquetes’, instaurado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y continuado durante la gestión de Javier Milei. El relevamiento abarcó 15 manifestaciones y evidenció un uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad como norma.

Entre los datos más preocupantes, el informe señala que 1155 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves; 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, provocando daños severos en la visión. Además, 50 trabajadores de prensa fueron heridos mientras cubrían las protestas y 73 personas fueron criminalizadas por participar en las mismas.

“Se ha encontrado un patrón de represión y criminalización contra quienes se manifestaron en contra de las políticas de esta administración”, expresó la organización, subrayando el uso sistemático de la violencia represiva como respuesta a las expresiones de descontento social.

El informe también documenta el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, y detenciones arbitrarias. En algunos casos emblemáticos, incluso niños y niñas fueron víctimas de la represión.

Desde Amnistía Internacional remarcaron la importancia de visibilizar estas prácticas para evitar su normalización y garantizar el derecho a la protesta como un pilar fundamental en democracia.