«Esto no es relato», sostuvo el presidente Mauricio Macri al inaugurar el Paseo del Bajo, y enfatizó en que «el dinero de las obras ya no termina en bolsos que vuelan por el aire». Sin embargo, la obra insignia de Cambiemos en el año electoral esconde un relato: fue redireccionada en favor del primo del mandatario, y generó una rentabilidad exorbitante para las empresas, con una toma de deuda por cientos de millones de dólares. Desde la Auditoría se denunció esta situación, pero la causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, donde permanece congelada.

La licitación del corredor vial que va de la autopista Illia a la Buenos Aires-La Plata se realizó en 2016 con un costo original de $ 1095 millones por kilómetro, convirtiéndola en la más cara de la historia porteña. Con las redeterminaciones de precios y los valores en dólares, se calcula un costo final tres veces mayor.

Al menos 4000 millones de pesos del total de la obra fueron ganados en 2016 por el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, a cargo de Iesca SA, asociada con Fontana Nicastro, cuyos dueños, los Andrenacci, fueron donantes a la campaña de Cambiemos y sponsors de la Fundación Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

La licitación original dividió al Paseo en tres tramos. Cada empresa podía presentarse a todos los tramos, pero sólo ganar uno, y el primero en sortearse sería el más caro (el C), para generar las ofertas más bajas en favor del Estado.

La ejecución de la megaobra quedó en manos de la empresa estatal AUSA, «una firma que tiene menos regulaciones y controles», dice Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad. AUSA modificó las reglas de juego a días de la apertura de sobres, en noviembre de 2016, a través de la circular sin consulta Nº  7, estipulando que primero se iba a realizar la adjudicación del Tramo A, el más económico. «Era de público conocimiento que la empresa española Isolux, con problemas financieros y denunciada por corrupción, iba a presentar las ofertas más bajas. Existía la preocupación oficial de que si primero abrían el Tramo C lo ganara Isolux –desarrolla Segura–. Entonces, cambiaron el orden, sin fundamentación; el Tramo A se lo lleva Isolux, y luego el C quedó libre para Iecsa».

Esta fue una de las principales irregularidades que detectó el informe de la Auditoría sobre el proceso licitatorio, aprobado por los auditores macristas. Cuando Segura pidió investigar también el desarrollo y costo final de la obra, se lo rechazaron.

La Auditoría también llamó la atención sobre el valor que presentó Iecsa para obtener el Tramo C: 29% menor al original: «Es muy baja. Nos hace pensar que después, a través de redeterminaciones de precios, la terminan compensando por los menores costos ofertados», agrega Segura. «Otra polémica es que establecen que la obra se ajuste por inflación. No lo vi nunca en mi vida».

Hasta el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, cuestionó el proceso, focalizando en Isolux: en diciembre de 2016, dictaminó «verificar, previo a efectivizar la adjudicación, la capacidad técnica y económica del contratista para cumplir con las obligaciones». Se lo desoyó, y la empresa quebró en menos de un año. A pesar de todo, el gobierno le había dispuesto dos anticipos financieros.

«Se redireccionó todo para que gane Iecsa, y se omitió el dictamen del procurador. En esas irregularidades puede haber un posible delito», relata Segura, que elevó la denuncia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, contra Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Transporte Guillermo Dietrich; su par porteño, Franco Moccia; el presidente de AUSA, Carlos Frugoni (exalumno del Cardenal Newman); y la jefa de Compras de AUSA, Natalia Bustos.

El fiscal amplió la denuncia. Sostuvo que hay indicios de «anomalías» y presuntos delitos para la «adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación a la empresa Iecsa», de la que Calcaterra fue director hasta 2017, cuando le vendió su parte a otro amigo de Macri, Marcelo Mindlin. Sin embargo, la Justicia investiga si el traspaso se concretó, con otras causas abiertas, como el soterramiento del Sarmiento y las fotocopias de los cuadernos.

La denuncia del fiscal Rodríguez recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. Pero apareció Bonadio y solicitó que se le derive el expediente porque llevaba un tema similar, por denuncias de notas periodísticas. En su despacho el tema fue cajoneado hasta hoy, tanto por el magistrado como por el fiscal Carlos Stornelli, a pesar de que originalmente se habían secuestrado 36 cajas con documentación de AUSA.