Habrá medidas de fuerza esta semana y la próxima. También comenzó a articularse una nueva gran marcha universitaria para la segunda quincena de septiembre.
Trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales confirmaron un paro nacional para esta semana. Como resultado de las negociaciones fallidas con el Gobierno sobre el presupuesto, las clases no comenzarán y se realizarán asambleas y protestas en todas las universidades nacionales.
La medida involucra a los trabajadores de todos los sindicatos y federaciones universitarias. Por lo tanto, en respuesta al recorte en educación a nivel nacional, el inicio del segundo cuatrimestre no se llevará a cabo.
El paro nacional en las universidades de todo el país comenzó el lunes 12 de agosto a partir de la medianoche. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por evitarlo, la reunión del pasado viernes con las universidades nacionales, los sindicatos y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para discutir las demandas salariales no tuvo éxito.
A partir de este lunes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ha convocado a una nueva jornada de paros en protesta por los recortes presupuestarios que el gobierno de Javier Milei ha estado aplicando en áreas clave para el funcionamiento cotidiano de las universidades, así como por la precaria situación de los salarios docentes y no docentes, que se encuentran entre los más bajos en los últimos tiempos. Aunque el oficialismo intentó hasta el viernes evitar la medida de fuerza, no tuvo éxito, y desde el sector ya se ha anunciado una convocatoria para septiembre de una Marcha Nacional Federal ante lo que califican como una situación «crítica».
En términos concretos, según el último informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración nacional elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre enero y julio de este año, las universidades recibieron un 31% menos de recursos, considerando el impacto de la inflación, en comparación con el mismo período del año anterior.

En detalle, el recorte presupuestario se reflejó en una reducción significativa en los pagos de salarios tanto de personal docente como de autoridades superiores, que alcanzaron los $0,9 billones, representando una caída del 31% en comparación con el año anterior. De manera similar, los salarios del personal no docente sufrieron un recorte del 27%, quedando en $0,53 billones en comparación con 2023. Además, la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario experimentó una disminución del 35%, quedando en $0,11 billones, mientras que la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios se redujo un 25%, alcanzando los $0,04 billones en términos interanuales.
Un informe de la consultora MacroData reveló que las universidades más afectadas por estos recortes son la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, todas ellas con una reducción del 100% de los fondos. Desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se informó que, desde enero, no se han realizado transferencias para cubrir los gastos operativos ni los salarios de docentes y no docentes, en un contexto además marcado por lo que califican como una intervención «fraudulenta e ilegítima» por parte del gobierno nacional. Entre las universidades que han experimentado mayores recortes se incluyen la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (-70%), la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (-61%), la Universidad de Hurlingham (-59%), la Universidad de Rafaela (-54%) y la Universidad Nacional de Moreno (-53%), entre otras.
El último informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) advirtió que el presupuesto prorrogado de 2023 es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de las universidades durante todo el año, ya que sólo se incrementó en un 1,6% ($22.329 millones) durante los primeros seis meses del año. Comparando los montos transferidos con el impacto de la inflación, el informe señala que, en junio, el Estado Nacional transfirió $364.805 millones a las Universidades Nacionales, lo que representa un aumento del 106,3% en comparación con el año pasado; sin embargo, la inflación interanual en el mismo período fue del 271,5%, dejando las transferencias 165,2 puntos por debajo de la inflación. Asimismo, en el primer semestre se transfirieron $1.351.829 millones, un 152,8% más que el año pasado, pero con una inflación promedio interanual del 276,4%, lo que implica que las transferencias quedaron 123,6 puntos por debajo de la inflación.

De cara a la medida de fuerza de esta semana, se subrayó que «durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente sobre la gravedad de la situación, esperando encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN, junto con las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, manifestamos nuestra preocupación en conjunto. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de nuestras constantes advertencias, aún no se ha garantizado de manera sistemática el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional. Es urgente una recomposición salarial a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo».
En relación a este tema, datos recopilados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) del Conicet revelan que, en este período, los ingresos de los docentes han quedado por debajo de los del sector público en general. Según un informe del investigador Javier Curcio, publicado en la revista *Alquimias Económicas*, «si tomamos como referencia los niveles salariales vigentes a comienzos de diciembre de 2023, los salarios universitarios están 55 puntos por debajo de la inflación acumulada hasta julio de 2024. Por otro lado, el Índice de Salarios relevado por el INDEC muestra que, al mes de mayo (último dato disponible), el conjunto de los salarios públicos se ubicaba 14 puntos por encima de los sueldos universitarios en el mismo período. Además, considerando los últimos ajustes paritarios del personal civil de la Nación, al mes de julio se alcanzó una recomposición del 96% desde diciembre, frente a un 81% para los trabajadores universitarios. Incluso, es relevante destacar que la evolución de los salarios docentes es aún más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados, situándose por debajo de quienes no tienen una actualización salarial a través de la negociación colectiva».
Finalmente, el informe del IEC destacó que para fines de junio la Secretaría de Políticas Universitarias mantenía una deuda entre los montos devengados y no pagados que ya llegaba al 36,4%. A inicios de julio se encontraban impagos $351.265 millones, en su mayor parte, partidas destinadas a salarios.
