En un contexto marcado por las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las crecientes críticas de la oposición, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, accedió a remitir al Congreso un adelanto del Presupuesto 2025. Aunque el Poder Ejecutivo cuenta con plazo hasta el 15 de septiembre para presentar la versión final, ya se envió un avance del plan económico para el próximo año, en un esfuerzo por calmar las tensiones y dar señales de estabilidad económica.

El documento preliminar, titulado «Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2025«, fue recibido por la Cámara de Diputados. En él, se detalla una proyección de aumento del 54,4% en la recaudación fiscal con respecto a 2024, principalmente debido a la reinstauración de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Este incremento forma parte del paquete fiscal que acompañó la sanción de la controvertida Ley Bases, aprobada recientemente.

Caputo explicó que, a pesar del aumento en la recaudación, la presión tributaria disminuirá ligeramente, pasando del 21,61% del PIB en 2024 al 21,16% en 2025. Esta reducción está asociada a la finalización del impuesto PAIS, un gravamen que, aunque no tiene una fecha de expiración clara, podría desaparecer el próximo año. El proyecto presupuestario sugiere que solo se esperan ingresos marginales por este impuesto en enero de 2025, provenientes de operaciones realizadas en diciembre del año anterior.

La administración de Javier Milei se ha destacado por gobernar sin un presupuesto aprobado para 2024, gestionando los recursos mediante prórrogas y redistribuciones discrecionales basadas en el presupuesto 2023, el último plan aprobado por el Congreso durante el mandato de Alberto Fernández. Este manejo ha generado críticas, pero también ha permitido al Ejecutivo mayor flexibilidad para enfrentar los desafíos económicos actuales.

El «avance» del presupuesto 2025 presentado ante el Congreso es solo una aproximación preliminar que sufrirá modificaciones y adiciones antes de su presentación definitiva. A pesar de su carácter provisional, el documento ha generado inquietud, especialmente por la falta de detalles sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, que recientemente enfrentaron una crisis financiera que amenazó con paralizar las actividades académicas a mediados de año. Tras masivas protestas estudiantiles y docentes en defensa de la educación superior, la oposición presentó propuestas para reglamentar el presupuesto universitario, así como para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que ha estado desfinanciado desde el 1 de enero.

El proyecto tampoco aborda el financiamiento de las empresas públicas que seguirán bajo control estatal después de la aprobación de la Ley Bases. Estas empresas han sido un punto de controversia, ya que algunos sectores de la oposición consideran que deberían privatizarse para reducir el gasto público, mientras que otros defienden su rol estratégico en la economía nacional.

Uno de los temas más sensibles que se desprende del avance presupuestario es la actualización de las jubilaciones. El texto reconoce una caída en términos reales del poder adquisitivo de las jubilaciones en los primeros meses de 2024, aunque justifica esta disminución por la vigencia de la antigua fórmula de movilidad previsional, que ajustaba los haberes de manera trimestral. Según el informe, desde abril se implementó una recomposición del 12,5% y una actualización mensual basada en la inflación con un rezago de dos meses, lo que permitió recuperar el nivel real de las prestaciones. El gobierno espera que, con la continuidad de la desinflación, las jubilaciones sigan creciendo en términos reales.

El presidente Javier Milei ha estado personalmente involucrado en la elaboración del presupuesto, asegurando que se mantenga la política de déficit cero, un objetivo central de su administración. Según fuentes cercanas al mandatario, Milei ha diseñado un formato presupuestario que no sea vulnerable a los cambios macroeconómicos. Esto implica que, si los ingresos del Estado superan las expectativas, los excedentes se utilizarán para reducir impuestos, en lugar de aumentar el gasto público, como ha sido la práctica histórica.

Esquema del Presupuesto 2025 escrito por el presidente a mano.

En el caso contrario, si los ingresos estimados resultan inferiores a los reales, se recortarán partidas presupuestarias. Sin embargo, Milei ha asegurado que estos recortes no afectarán las erogaciones «rígidas«, como las jubilaciones para los sectores más necesitados. Esta postura fue reafirmada durante la reciente reunión de Gabinete, donde el presidente dejó claro que la última palabra en materia presupuestaria la tiene Caputo.

El enfoque del gobierno para 2025 se basa en cuatro pilares fundamentales: el mantenimiento del equilibrio fiscal, la eliminación de intermediarios en la asignación de planes sociales, la modernización y simplificación del Estado, y el fortalecimiento de la defensa y seguridad. Estas políticas están orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, fomentar el crecimiento de la inversión privada, y mejorar la productividad y el empleo.

En cuanto a la política cambiaria, el gobierno ha señalado que la acumulación de reservas no será una prioridad en detrimento de otras políticas económicas. En lugar de emitir moneda para convalidar el ingreso de divisas, se permitirá la circulación de otras monedas en el mercado, en lo que Milei denomina «competencia de monedas«. Esto podría incluir la utilización de dólares y otras divisas extranjeras para pagos, una práctica que no es extraña en un país acostumbrado a atesorar dólares como refugio de valor.

Las proyecciones oficiales de crecimiento e inflación aún no han sido divulgadas, pero se espera que el presupuesto 2025 incluya estimaciones conservadoras basadas en las previsiones del sector privado, que anticipan un crecimiento económico del 5% y una inflación de entre el 45% y el 50%. Estas cifras serán clave para definir las políticas fiscales del próximo año, en un contexto en el que el gobierno busca consolidar los logros alcanzados en materia fiscal durante 2024.

Uno de los objetivos del presupuesto 2025 es mantener un equilibrio fiscal sostenido, desacelerar la inflación, mejorar el balance del Banco Central y fortalecer las reservas internacionales. Esto, según el gobierno, permitirá crear un ambiente favorable para el crecimiento económico y la inversión privada, generando un aumento en la productividad, el empleo y los ingresos reales de la población.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, continuará con las políticas de eliminación de la intermediación en los planes sociales, ampliando la asistencia a madres y niños de los sectores más vulnerables y protegiendo el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Estas medidas son vistas como esenciales para garantizar la cohesión social en un contexto de ajuste fiscal.

Por otro lado, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, seguirá impulsando la modernización del Estado, con el objetivo de hacerlo más eficiente y menos burocrático. La digitalización de trámites, la simplificación de procesos y la eliminación de intermediarios son algunas de las acciones que se están llevando a cabo para lograr un Estado más ágil y útil para los ciudadanos, sin entorpecer el desarrollo del sector privado.

Finalmente, en el área de defensa y seguridad, el gobierno planea un aumento en las partidas presupuestarias destinadas a mejorar el equipamiento de las fuerzas armadas y de seguridad. El objetivo es reforzar tanto la soberanía territorial como la seguridad interior, con un énfasis en la prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado.

En conclusión, el presupuesto 2025, tal como se perfila, será una herramienta clave para consolidar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico del país. Con un enfoque en la eficiencia fiscal, la modernización del Estado y el fortalecimiento de la seguridad, el gobierno de Javier Milei busca trazar una hoja de ruta clara para el futuro de Argentina, en un contexto de desafíos internos y externos.